Raúl F. Silva/C58
Los ex diputados locales del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos de la Torre y Saúl Monreal Ávila, se declararon “inocentes” y negaron haber participado en actos de corrupción gestados desde el Poder Ejecutivo de Zacatecas.
“Nos deslindamos de todo acto de corrupción”, señaló la también presidenta estatal de este partido, luego de que se evidenciara la participación de algunos legisladores para que aprobaran el presupuesto estatal del 2013 a cambio de 100 mil pesos que les ofreció presuntamente la Secretaría General de Gobierno.
Por ello, exigió la renuncia del secretario de gobierno, Francisco Escobedo Villegas y del secretario de finanzas, Hugo Soto Acosta por haber sobornado a los diputados de la 60 Legislatura local.
Además, emplazó al mandatario a esclarecer el origen de los recursos con que se “maiceó” a los anteriores legisladores por ser de carácter públicos, ya que se dejaron de utilizar para programas sociales y obras sociales.
“Es evidente que se privilegió la negociación y el acuerdo en lo oscurito, en vez de gobernar para todos y de manera trasparente”, apuntó Bañuelos de la Torre, pues, el Poder Ejecutivo de Zacatecas está induciendo actos de corrupción.
La líder de los petistas, aceptó que ella y Saúl Monreal, participaron en dicha reunión privada junto con 24 ex diputados más, pero que se les convocó para discutir el proceso de entrega recepción de la 60 a la 61 Legislatura.
Explicó que en su momento, ella misma denunció el soborno desde tribuna, pero que nunca tuvo elementos probatorios para realizar una denuncia formal.
“Nosotros estamos a disposición del juicio de la sociedad y de las autoridades que lo quieran”, porque nunca nos prestamos a actos de soborno ni participamos de ningún acto de corrupción, dejó en claro.
La dirigencia estatal del PT se suma a la iniciativa del PRD de interponer una denuncia penal contra quienes resulten responsables de los actos de corrupción que evidencia el video.
Saúl Monreal, dijo que se actuará conforme a la ley, aunque existe la posibilidad que la denuncia no proceda en instancias estatales, de ahí que se analiza la vía jurídica porque este delito se persigue de oficio.
“En mi caso, tengo la conciencia tranquila y estoy a la orden de cualquier autoridad para que se hagan las investigaciones necesarias”, detalló.
