Raúl F. Silva/C58
Con la entrada en vigor de la reforma hacendaría, las empresas mineras dejarán de inyectar recursos económicos para desarrollo social a las comunidades donde están asentadas las unidades mineras.
Otras de las implicaciones de esta reforma, es que las empresas mineras instaladas en la entidad, reducirán sus gastos para proveeduría, ya que se pretende gravar un impuesto de 7.5% sobre el total de las utilidades que generen durante el año.
En la entidad, hay 18 plantas mineras registradas ante la Dirección Nacional de Minería, las cuales tendrán una disminución de las utilidades y afectaciones en la planeación, reportes de los inversionistas y resultados de la rentabilidad.
Al impuesto del 7.5, se le suma el incremento de 50 centavos por litro de diesel, el 0.5% del Impuesto a la Comercialización de Metales, el alza del IVA y del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En total, por esos gravámenes, las compañías mineras tendrán que pagar una tasa global superior al 50% de impuestos, informó el subsecretario de Proyectos Industriales y Minas de la Secretaría de Economía de Zacatecas (Sezac), Christopher Ávila Mier.
De acuerdo a la reforma hacendaría, el recurso generado por los impuestos ingresará a un fideicomiso, en el que la federación obtendrá el 60% y 40% restante se distribuirá a los estados y los municipios, detalló.
El fideicomiso será manejado directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el que se impulsarán proyectos de desarrollo social, educación y cadenas productivas en los municipios donde se asientan las unidades mineras.
El funcionario estatal dijo que se estima que Zacatecas podría obtener hasta 300 millones de pesos de ese fideicomiso, mismos que se aplicarán hasta en el 2015, porque la reforma se aplicará en el próximo año.
Los últimos dos años, las empresas mineras han derramado alrededor de 70 millones de pesos anualmente para apoyo social y desarrollo de las comunidades, refirió Ávila Mier.
Dejó en claro que las grandes empresas mineras de capital extranjero no cerraran, aunque se verán obligadas a eficientar su gasto, ya que dejarán de comprar insumos, maquinaria y servicios de consultoría, es decir; que se reducirán los montos para la proveeduría.
El gravamen, los costos de producción y la caída de los precios del metal dejarán a las compañías sin posibilidades de entregar donativos y apoyos económicos directos a las comunidades, expuso.
