Pocos días como hoy en la historia parlamentaria del país.
De la manera más obscena y obtusa se modifican tres artículos fundamentales de la Constitución, sin más argumento que el de la fuerza numérica, sin más procedimiento que el del trámite rápido de ventanilla y sin más debate que el silencio mudo de la consigna autoritaria y la obediencia cómplice.
Hace unos días, el pasado fin de semana, se pospuso 24 horas el predictamen de la reforma energética, con el argumento de que no se había respetado la reglamentación interna, y se estaban transgrediendo los tiempos de la convocatoria.
Que desfachatez!
Lo que se está violando es la Constitución, no una convocatoria de comisiones; lo que se está transgrediendo es la voluntad de una mayoría ciudadana que rechaza esta reforma; y lo que se debe cancelar y reponer es toda la reforma energética en su conjunto.
Esta reforma constitucional no reúne los requisitos de una reforma de gran calado.
No ha pasado por alguna de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para modificar aspectos fundamentales de una Constitución. Ni la consulta popular, ni el plebiscito, ni el referéndum son el aval de esta reforma.
La mayoría calificada en el Congreso Federal y la mayoría simple de al menos 17 congresos estatales no son suficientes para reformar aspectos esenciales y fundamentales de una Carta Magna.
El órgano reformador permanente de una Constitución no es un poder constituyente, es un poder constituido, y este poder no puede ir más allá de lo que la propia Constitución le faculta.
Sólo un nuevo poder constituyente o una consulta popular donde participe al menos el 40% de los electores, podría avalar cualquier cambio en el régimen de propiedad y usufructo de la riqueza petrolera nacional.
Y este no es el caso.
Esta reforma constitucional tampoco pasa la más elemental de las pruebas de técnica jurídica. Modifica tres artículos constitucionales, pero introduce 21 transitorios que en sí mismos son otra Constitución, porque nulifican o contradicen disposiciones de orden superior de la propia Carta Magna.
Por ejemplo, la más evidente, se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de otorgar concesiones, pero en el cuarto transitorio se admite como modalidad de contrato la figura de “licencias”, que según el diccionario de la Real Academia es sinónimo de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, donación y entrega.
Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad es la introducción de la figura jurídica de “asignaciones”, que es como un cajón de sastre donde caben 13 sinónimos y 16 antónimos, con lo que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre jurídica.
En las más de 500 reformas constitucionales que ha tenido nuestra Carta Magna a lo largo de 96 años de vida, ninguna había presentado este desaseo, manoseo y desprecio por la técnica jurídica que trae consigo la iniciativa de reforma energética constitucional. Ejemplo fiel de la forma improvisada, atropellada y descuidada de cómo se legisla al vapor y en lo oscurito.
Esta reforma tampoco pasa la prueba de la validación histórica. La iniciativa original del Ejecutivo Federal, avalada por el PRI, decía estar inspirada en los contratos de utilidad compartida de la época del General Lázaro Cárdenas. Pero al incluir los contratos de producción compartida y las licencias de explotación petrolera, las cuales podrán ser contabilizadas como parte de los activos de las empresas petroleras, y al abrir indiscriminadamente el sector energético al capital privado, nacional y extranjero, el PRI y el PAN se fueron más atrás de Lázaro Cárdenas, hasta toparse con Porfirio Díaz.
Esta reforma constitucional que hoy aprueban PRI, PAN y sus aliados, en una especie de matrimonio de bienes mancomunados, prostituye la letra y el espíritu original del artículo 27 constitucional, en cambio resucita letra por letra, párrafo por párrafo la aventura privatizadora de las dos leyes petroleras del porfiriato: la Ley del Petróleo del 24 de diciembre de 1901, donde se faculta al presidente a otorgar concesiones petroleras a particulares en terrenos nacionales y en zonas federales como ríos, playas, costas y lagunas. Y la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos de noviembre de 1909, que quitó a la Nación mexicana el dominio sobre los yacimientos petrolíferos y se los reconocía en propiedad exclusiva a los particulares poseedores de los terrenos donde se encontraran “los criaderos o depósitos de materia bituminosa”.
Díaz ya no alcanzó a ver los frutos de esta privatización petrolera porque al año siguiente el país se le deshacía entre las manos.
Así que esta reforma energética tiene de visionaria y nacionalista, lo que Porfirio Díaz tuvo de revolucionario y progresista.
Esta reforma del petróleo y la energía eléctrica tampoco pasa la prueba con la que hoy, cualquier gobierno responsable con sus ciudadanos, mide y calibra un proyecto de explotación de hidrocarburos y de generación eléctrica: la seguridad energética nacional.
Se están globalizando y diversificando la tecnología, la comercialización, la producción y las fuentes de energía en el planeta, pero no así la fiscalización y la regulación de lo que se produce en cada Nación. La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros contemporáneos y es lo que ustedes, señoreas y señores legisladores, han abandonado a su suerte, y con ello han puesto en peligro inminente la soberanía nacional.
Aún en el inicio de la revolución energética que está viviendo el mundo en estos momentos, por la transición de hidrocarburos caros y sucios al uso intensivo del gas shale y otras energías alternativas –menos caras y más limpias–, aún en este escenario “la seguridad energética nacional” es el bien público más importante que están tutelando las naciones desarrolladas.
Seguridad energética nacional es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están reconfigurando sus economías domésticas para conservar una posición hegemónica en el nuevo orden mundial multipolar.
Seguridad energética nacional es el detonador con el que China e India están creciendo a tasas superiores al 6% anual.
Seguridad energética nacional es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en sus estrategias de apertura, asociación y expansión. Desde Arabia Saudita hasta Brasil.
Seguridad energética nacional es lo menos que trae esta reforma privatizadora del petróleo y la energía eléctrica.
