El senador por Zacatecas, Carlos Puente Salas, aseguró que la Reforma Política Electoral es la más trascendente en los últimos años porque implica un proceso de reingeniería institucional. La finalidad es dotar al Estado Mexicano de herramientas legales que le permitan un mejor funcionamiento y contribuyan a la gobernabilidad democrática.
Para llegar al objetivo de contar con un Estado Eficaz, dijo, se establecen varias disposiciones agrupadas en 5 ejes fundamentales que permitan gobernar y, al mismo tiempo, habilitar a los ciudadanos para controlar a los gobiernos. Ejes contemplados en el dictamen que se discutió en el Senado de la República.
Uno, la posibilidad de formar gobiernos de coalición; dos, la creación de una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo; tres, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; cuatro, la reorganización del sistema electoral mexicano que nos llevará a homogeneizar las reglas electorales en el país y cinco, la reelección legislativa.
Con respecto a la primera, Puente Salas argumentó que el dictamen da solución a la posibilidad de formar Gobiernos de Coalición, establece incentivos para mejorar la toma de decisiones y la construcción de mayorías que den lugar a la gobernabilidad democrática. “Las nuevas disposiciones mejorarán la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, manteniendo el equilibrio entre los órganos del Estado”, abundó el legislador.
Durante su intervención en tribuna, el senador explicó que con la reforma política, el Ministerio Público ejercerá su principal función “que es la de investigar y perseguir los delitos con estricto apego a la ley, libre de injerencias de otros poderes u órganos y de los vaivenes políticos”.
Asimismo, enfatizó que otro de los aciertos es que la designación del Fiscal General de la República corresponderá al Senado, previo desahogo del procedimiento que el mismo establezca para seleccionar a las personas idóneas para el cargo.
Finalmente, el legislador zacatecano destacó que el dictamen sustituye la denominación de “inculpado” a “imputado” con lo que se prevén los derechos procesales del imputado. La adecuación que se hace al Ministerio Público corresponde a la reforma constitucional de 2008 que establece un sistema penal oral y acusatorio.
