La dirigencia de la expresión política nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Unidad Democrática Nacional, señaló que ante el hecho consumado en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde legisladores aprobaron en lo general y lo particular la Reforma Energética con la que se abre el sector a la inversión privada nacional y extranjera, UDENA al lado de fuerzas democráticas y de izquierda, dará la batalla para detener el proceso de modificación de las reformas constitucionales en los Congresos, de los estados de la República Mexicana.
Para UDENA es vital enfrentar la discusión en los Congresos locales, negando el nuevo paradigma de la derecha internacional y que el PRI, el PAN y su partido satélite, el Partido Verde intentan imponer, la cual obedece a la idea de que el capital extranjero es el único capaz de hacer exitosa una empresa ante la afirmación de que los mexicanos debemos asumir que somos incapaces de administrar, explorar nuestras aguas, transportar, refinar, producir o extraer hidrocarburos, porque somos, a diferencia de las empresas privadas, incompetentes y corruptos.
En un posicionamiento oficial de la dirigencia de la expresión política nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Unidad Democrática Nacional, ve con preocupación el avasallamiento de la derecha en el Congreso de la Unión para la imposición de Reformas lesivas para México.
A juicio de UDENA la iniciativa aprobada por el PRI y el PAN implicará la privatización de los energéticos y, por tanto, que el Estado perderá el control sobre recursos estratégicos.
Los priistas achacan el atraso de PEMEX y lo utilizan como argumento para decir que la única forma de modernizar es entregar el petróleo a manos extranjeras. Olvidan que entre los senadores del PRI está Carlos Romero Deschamps, legislador que en 34 años como diputado o senador jamás ha presentado una iniciativa propia y jamás ha tenido que dar una explicación de su enriquecimiento inexplicable.
Pemex está retrasado tecnológicamente, asumiendo las afirmaciones del PAN, pero no por culpa de los mexicanos, la culpa es del manejo corrupto y delincuencial de los partidos que hoy llaman a la privatización.
Necesitamos modernizar PEMEX, insistió UDENA, pero sin privatizar. Primero hay que sacar a los priístas del sindicato y de la administración, hay que limpiar PEMEX de la corrupción de la derecha panista que sólo buscan enriquecerse a pesar de traicionar a la patria, poniendo en manos a los energéticos, aunque eso ponga en peligro la soberanía nacional.
Por otra parte, UDENA lamentó que, como medida de seguridad frente a los resultados en el futuro inmediato de la Reforma Energética que traiciona los avances logrados desde el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, en México se canceló arteramente el Derecho de Libre Manifestación de ideas y la libertad de asociación con la Ley de Manifestaciones en el Distrito Federal, la cual plantea que las marchas en la capital tengan horario determinado y que puedan ser disueltas por la autoridad.
Así, UDENA prevé la instauración de un Estado policiaco que garantizará que los traidores puedan transformar las leyes nacionales para construir un paraíso para los grupos trasnacionales que sueñan con adueñarse sin restricciones de las riquezas nacionales.
De esta manera, UDENA anunció que también dará la lucha para defender el derecho de todos los mexicanos de manifestar libremente sus ideas, así como el derecho de asociación.
UDENA rechazó las herramientas del PRI y el PAN para garantizar no confrontar a la sociedad a la que laceran, las cuales proponen aprobar sólo las manifestaciones cómodas al calificarlas como lícitas.
De la misma manera, se abrogan el derecho de autorizar cada protesta al exigir plazos de 48 horas para dar permisos, horarios y zonas de transito de las marchas.
Aunado a ello, y de manera preocupante otorga a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal la facultad de “controlar las manifestaciones”, lo cual faculta a este nuevo estado policiaco el derecho y obligación de represión. Asimismo se prevé sanciones económicas a quien viole las disposiciones de la ley y a quienes “realicen acciones que alteren el orden público” en el desarrollo de las protestas.
