Felipe Pinedo Hernández, miembro de la dirigencia del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), reconoció a César García Sánchez, presidente del comisariado ejidal de la comunidad de San Tiburcio, del municipio de Mazapil, “Haya tenido el mérito de denunciar públicamente la intervención violenta de la policía municipal, en contra de ejidatarios durante la toma de la mina Camino Rojo”.
En este sentido, Pinedo Hernández ratifica que “jamás se ha señalado alguna interpretación de García Sánchez, como persona cooptada de la minera Camino Rojo”.
Así, el dirigente del FPLZ lamenta que las empresas extranjeras dedicadas al ramo de la explotación de las tierras, para la obtención de minerales y que se encuentran instaladas en Zacatecas, “no exista un convenio justo entre ejidatarios y compañías mineras”.
Por ello, la organización campesina exige que el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo del Estado e Instancias Estatales, conformen una Comisión Especial, para tratar el tema de la minería en Zacatecas, para analizar los convenios que por concepto de ocupación temporal de tierras, han firmado las trasnacionales, con los ejidatarios de la región del semidesierto de zacatecas.
Ya que a todas luces se observa el atropello de las minas, en contra de las familias del semidesierto, porque se vulnera el marco del derecho de las tierras, al apropiarse la mina Camino Rojo de estas tierras (sic).
Asimismo, agregó que las compañías mineras emprenden “acciones de divide y vencerás”.
En este orden de ideas, Pinedo Hernández lamentó que el gobierno que encabeza Miguel Alonso Reyes, utilice a las corporaciones policiacas para reprimir a grupos de ejidatarios que “lo único que exigen es respeto, y pago justo por el usufructo de sus tierras”.
Y la prueba fehaciente es la participación de la Policía Estatal Preventiva, al desalojar violentamente a los ejidatarios y habitantes de Las Mesas, hace poco más de ocho días, además de los ejidatarios de San Tiburcio, lo que demuestra la falta de argumentos, añadió el líder frentista.
Así, el también dirigente de la corriente perredista Unidad Democrática Nacional (Udena), recordó el caso de Salaverna, donde se muestra el despojo, desplazamiento, explotación y devastación ecológica por parte de la minera Frisco-Tayahua, y en el mismo sentido, los casos de las comunidades de Las Mesas, Charcos, Palmas y Peñasco por parte de la empresa canadiense Goldcorp.
Para finalizar, Pinedo Hernández exhorta al gobierno del estado, diputados locales de la LXI (61) Legislatura, e instancias como la Procuraduría Agraria, a constituir una comisión especial, para tratar el tema de la minería en el estado.
