Al concluir el desahogo de los procedimientos sancionadores en contra de Manuel Martínez Garrigós y Georgina Bandera Flores, quienes se desempeñaban como presidente y secretaria General, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que encabeza la licenciada Italy Ciani, emitió con fecha 7 de enero de 2014 las resoluciones correspondientes que determinan la expulsión de ambos ex dirigentes de las filas del PRI.
De acuerdo con los expedientes de dichas resoluciones definitivas correspondientes a los procedimientos sancionadores número CNJP-PS-MOR-053/2013 y CNJP-PS-MOR-054/2013, iniciados a petición de la militancia en el estado de Morelos, en contra del ex presidente y ex secretaria general del PRI en la entidad, se acreditó que los expulsados incurrieron en actos y omisiones graves que atentaron contra la unidad ideológica, programática y organizativa del PRI y afectaron el patrimonio de este instituto político, al adjudicarse indebidamente bienes y fondos del mismo.
Derivado de su omisión de informar, explicar y justificar el origen, destino y monto de las prerrogativas que tanto a nivel federal como local recibió la dirigencia estatal durante su gestión, así como la no menos grave omisión de informar de la situación administrativa, financiera y contable durante el tiempo que estuvieron al frente del Comité Directivo Estatal en Morelos, al día de hoy han ocasionado un menoscabo al patrimonio del partido, que inclusive ha derivado en una severa sanción por parte del Instituto Electoral Estatal de Morelos, dada la negligencia de su actuar.
A lo largo del procedimiento administrativo que realizó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, los ahora expulsados no exhibieron prueba alguna tendiente a desacreditar las acusaciones en su contra, pese a que su garantía de defensa fue debidamente salvaguardada.
El Partido Revolucionario Institucional, con esta determinación, refrenda su convicción democrática y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, principios indispensables para continuar transformando a México, que se inicia con el estricto respeto al principio de legalidad al interior de nuestro instituto político.
