En voz de la diputada María Guadalupe Medina Padilla, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual la Legislatura del Estado exhorta respetuosamente al titular de los Servicios de Salud de Zacatecas, a garantizar el cumplimiento de los artículos 41 BIS y 98 de la Ley General de Salud.
Entre otras cosas, el artículo 41 BIS indica que los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado, deben contar con un Comité Hospitalario de Bioética. Mientras que el artículo 98 establece que en las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos, se constituirá un Comité de Investigación, uno de ética en investigación, y un comité de bioseguridad.
La presidenta de la Comisión de Salud consideró como importante que las autoridades de Salud del Estado de Zacatecas, vigilen que todos los hospitales públicos y privados tengan un Comité Hospitalario de Bioética y un Comité de Ética en Investigación, pues hay dilemas al final de la vida que atender con pacientes terminales, adultos mayores, personas en estados mentales deteriorados irreversibles, niños con cáncer, donación y trasplantes de órganos, entre otros.
Ley de Austeridad para altos funcionarios
La diputada María Soledad Luévano Cantú presentó al pleno la Iniciativa de Ley de Austeridad para altos Funcionarios de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.
La legisladora argumentó que las atribuciones que otorga la ley a los funcionarios para el cumplimiento de su labor, deben utilizarse con decoro y humildad, y en Zacatecas, de acuerdo a la legisladora, se han cometido abusos de manera desmedida, corrompiendo el sentido del servidor público.
La diputada de Movimiento Ciudadano mencionó que un ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en materia económica, ya que el presupuesto del Estado resulta severamente afectado por las retribuciones que obtiene la burocracia, es por ello que la cantidad de recursos destinada al pago de servicios personales, es cada vez mayor en comparación con la que se destina para el desarrollo del Estado. El caso más palpable es el presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal, en donde más del 38% de los recursos del Estado se destinaron al pago de servicios personales, mientras que sólo el 7.8% se destinó a la construcción de obra pública, invirtiendo así 5 veces más en salarios que en beneficios para la población.
La iniciativa busca erradicar abusos y reglamentar la justa retribución de quienes participan de la administración pública desde puestos privilegiados, sin afectar los derechos laborales de quienes colaboran en condiciones salariales modestas.
Reformas a la Ley Electoral del Estado
La diputada Claudia Anaya presentó al pleno la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se busca reformar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado.
La propuesta plantea modificaciones a las fracciones XII y XXIV del artículo 51.
La legisladora en tribuna recordó que la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 29 la obligación de los Estados Parte, de establecer las medidas pertinentes y necesarias para que este sector de la población pueda ejercer libre y dignamente sus derechos políticos.
La diputada reveló que actualmente en este Estado, durante los procesos electorales existen omisiones legales que no permiten el acceso pleno a los derechos consagrados en el artículo 35 de la Constitución. La diputada Claudia Anaya añadió que hoy en día las personas con talla baja, no cuentan con un reconocimiento pleno de su limitación para integrarse al desarrollo, en especial no se considera que estas personas sean integrantes del colectivo de personas con discapacidad, por lo que esta iniciativa propone reconocer su derecho al voto, debido a que los materiales electorales, como mamparas y urnas no son accesibles para estas personas, dificultando su inclusión en los procesos electorales.
Así mismo Las personas sordas usualmente mantienen un aislamiento debido a las limitaciones que por su discapacidad les imponen la sociedad. Una de las características de este aislamiento es la imposibilidad de conocer las propuestas políticas de los partidos y candidatos, además de los lineamientos de las autoridades electorales, por lo que esta iniciativa propone la obligatoriedad de las autoridades y partidos políticos a emitir sus mensajes en medios audiovisuales acompañados de un intérprete de lengua mexicana de señas.
Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial
El diputado Rafael Flores Mendoza dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto para declarar «La Charrería» patrimonio cultural inmaterial.
El legislador sustentó su propuesta bajo el argumento de realizar una salvaguarda eficaz del patrimonio cultural inmaterial, en especial del que se considera que su arraigo da vida y color a las fiestas populares desarrolladas constantemente por los zacatecanos.
Un insustituible elemento cultural inmaterial plasmado de originalidad es, sin duda, la Fiesta Charra, cuya rica historia se mantiene siempre viva en la memoria colectiva de los mexicanos, comentó el legislador Flores Mendoza.
Un dato que merece ser resaltado, es que Zacatecas ha sido sede en seis ocasiones de la celebración del Congreso y Campeonato Nacional Charro, esto lo ubica como una de las entidades federativas con más nominaciones, ya que se cuenta con un Lienzo Charro que es considerado uno de los más funcionales del país, pero lo más importante, se galardonó al Estado con tal distinción, porque la hospitalidad y alegría de los zacatecanos, ha generando un ambiente propicio para darle el realce que merece esta tradición mexicana.
Actualmente, existen 59 Asociaciones Estatales de Charros; 63 equipos afiliados a la Federación Mexicana de Charrería, misma que se encuentra integrada a la Comisión Nacional del Deporte, algunas de ellas con una antigüedad de casi medio siglo. También, destacan los 16 equipos de escaramuzas que también están afiliadas a la mencionada Federación Nacional. La iniciativa fue suscrita por todos los grupos parlamentarios.
Iniciativa de Ley de Catastro
La legisladora Luz Margarita Chávez, dio lectura a la Iniciativa de Ley de Catastro enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
En su exposición de motivos, el gobernador del Estado plasma en la propuesta que el catastro es un instrumento de gran valor estratégico para la gestión gubernamental, toda vez que permite la generación, conservación y uso de la información territorial para diversos procesos de la Administración Pública. En especial tiene un papel crucial en la recaudación fiscal de los tributos relacionadas con la propiedad raíz.
La iniciativa de ley se apoya en los planteamientos y propuestas del Modelo Óptimo de Catastro formulado por el Gobierno Federal, así como en las disposiciones en materia de manejo de la información geográfica que dispone la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, su propósito es ofrecer la base para el despliegue de políticas públicas tributarias, habitacionales, poblacionales, económicas y sociales, cuya posibilidad de éxito, radica en la certeza jurídica de la propiedad y la planeación estratégica del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio.
La propuesta del ejecutivo busca además cubrir una serie de insuficiencias, rezagos y omisiones que presenta la ley vigente en la materia, en aspectos relacionados con: la organización y funciones administrativas; en la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías de la comunicación y medios electrónicos, tanto para la valuación, como para la administración, generación, registro, custodia, uso y servicio de la información catastral; para utilizar a los valores catastrales como referente obligatorio en materia de política fiscal cuando se trate de identificar o valorar los bienes inmuebles; la actualización de las normas y operaciones técnicas; la necesidad de uniformar el acceso a la información de la materia; y, entre otros conceptos, la necesidad de otorgar el debido fundamento jurídico a la Cédula Única Catastral y Registral.
Reforma a la Constitución Política del Estado
La legisladora Eugenia Flores Hernández presentó al pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 30 de la Constitución Política del Estado.
La legisladora recordó que en México ya se considera el derecho al agua como un derecho humano.
En el Estado de Zacatecas el tema del agua debe convertirse en prioridad gubernamental, esto debido a su geografía y sequías recurrentes.
En ese contexto es pertinente que la Constitución Política de Zacatecas establezca el acceso al agua como un derecho fundamental particular y como parte de la armonización legislativa.
Con la modificación planteada, el artículo 30 quedaría de la siguiente manera:
En Zacatecas toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado deberá garantizar este derecho y la ley definirá los mecanismos, bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo y delimitando la participación de la Federación, el Estado y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Dictamen para reintegrar apoyo a productores agrícolas
El legislador Mario Cervantes leyó al pleno el dictamen emitido por la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, mediante el cual se aprueba el dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que realice las gestiones necesarias ante SAGARPA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se reintegre al Estado de Zacatecas, el apoyo económico a los productores del ciclo agrícola.
La comisión dictaminadora analizó de manera seria, el hecho de que en la entidad, los productores enfrentan a una seria descapitalización que los mantiene endeudados con la CFE y las Cajas Populares, por lo que son totalmente dependientes de los subsidios federales como el PROAGRO, limitando con mucho la capacidad de producir y comercializar sus productos.
El diputado Mario Cervantes agregó que la tecnificación y modernización del campo zacatecano es necesaria más que nunca a fin de lograr oportunidades para los productores; por ello, el apremio para que se entreguen los recursos etiquetados del citado programa, pues de lo contario se prevé una inminente crisis agropecuaria en el Estado.
Dictámenes proponen aprobar enajenaciones
Posterior a analizar las solicitudes de enajenación de diversos bienes inmuebles de los ayuntamientos de Guadalupe y Jerez, la comisión de Hacienda Municipal presentó los dictámenes al pleno, en los cuales propone la autorización de cada una de las solicitudes.
Por otra parte, se aprobó por la unanimidad de los legisladores presentes, el dictamen respecto de la solicitud del ayuntamiento de Vetagrande, para que sea desafectado del servicio público un bien inmueble y su posterior enajenación.
El diputado Iván de Santiago se inscribió para hablar a favor del dictamen.
