David Monreal Ávila, senador de la República exhortó a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con sus homólogas estatales implementen políticas públicas focalizadas a la atención y mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza en el país.
Señaló que no todas las personas en situación de pobreza la experimentan del mismo modo, ni son igualmente vulnerables a ella o tienen las mismas posibilidades y oportunidades de superarla, presentándose una importante heterogeneidad de la vivencia, origen y consecuencias de la pobreza según edad, sexo, pertenencia étnica y ubicación rural-urbana.
Y, continuó, un segmento altamente vulnerable es el de los menores de edad, pues no solo experimentan la pobreza en forma diferente a los adultos, sino que ésta tiene también distintas formas y facetas. Las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables a sus efectos, sus necesidades son más urgentes, y las consecuencias son de larga duración tanto en ellos como en la sociedad en su
A su vez, las niñas, niños y adolescentes más afectados suelen estar sumidos en situaciones de insuficiencia de ingresos y privación de sus derechos con respecto a su educación, vestido, salud, nutrición y supervivencia, cuya solución efectiva no se puede postergar.
Monreal Ávila detalló que la pobreza infantil, abarca más factores que los parámetros tradicionalmente utilizados para medir la pobreza, como los bajos niveles de ingreso o consumo de los hogares. Por ejemplo, existen aspectos de la pobreza de la infancia que resultan intangibles para estas mediciones: inseguridad, carencia de libertad por hostigamiento o abuso, falta de participación, y exclusión social.
Por ello, la pobreza infantil no puede ser resuelta únicamente por medio del aumento de los niveles de ingreso individual: es un problema complejo que necesita estrategias integrales que comprendan el fenómeno desde diferentes aspectos.
Estimar la pobreza infantil implica identificar las privaciones que afectan a los niños, los derechos que se ven vulnerados, y a partir de ellos realizar los procedimientos necesarios para reflejar el ejercicio de derechos de la infancia. Esto es hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, y evaluar los programas y proyectos implementados en los distintos países, en relación con su impacto en la disminución de la extensión y profundidad de la pobreza y la desigualdad.
Por ello, el Estado mexicano, las instituciones, la comunidad, las familias y los individuos deben compartir la responsabilidad de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y otorgarles prioridad respecto de otros compromisos.
El Gobierno Federal debe entender que la población infantil funge como un activo futuro para el país y es sumamente relevante garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Es inaceptable que millones de niños se encuentren en el seno de una familia cuyos ingresos no les permite cubrir sus gastos en productos alimentarios trayendo consigo situaciones de pobreza alimentaria; así como gastos de educación y salud traducidos en pobreza de capacidades, y adicionalmente sus gastos en vestido, vivienda y transporte que significan pobreza patrimonial.
Los altos niveles de carencia por seguridad social en la población infantil y adolescente, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos y estrategias para garantizar que las familias puedan acceder y participar en mejores condiciones en el mercado de trabajo, ya que su acceso a la seguridad social genera condiciones de protección ante eventualidades fuera de su control, además de que estos mecanismos facilitarían una cobertura más integral de los servicios de salud.
En cuanto a las disparidades existentes entre las distintas regiones y zonas geográficas del país, es necesario aplicar con mayor énfasis políticas que respondan a sus características particulares, pues el nivel de crecimiento y desarrollo económico de cada una de las entidades federativas es diferente, las necesidades de la población son variadas.
Finalmente dijo que la pobreza es más elevada entre los hogares encabezados por personas jóvenes, por ello las políticas laborales deben incorporar en su diseño el impulso a fuentes de trabajo para los jóvenes que les permita obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de sus hogares y para acceder a prestaciones contempladas en la seguridad social.
