“Pese a que se ha avanzado considerablemente en el tema de rendición de cuentas, es una realidad que falta mucho camino por recorrer y erradicar el manejo discrecional de los recursos, por ello se propone modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales”, aseveró David Monreal Ávila, senador de la República.
Al presentar una iniciativa de ley, explicó que esto es con el fin de que todas las dependencias se vean obligadas a aclarar el funcionamiento de sus programas, así como rendir cuentas del uso de los recursos asignados, los resultados obtenidos y el desempeño institucional.
Dijo que en México la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos son temas que ocupan cada vez mayor atención y debate público, sobre todo en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales.
La rendición de cuentas es un mecanismo con el cual los ciudadanos obligan a quienes ejercen los recursos públicos a responsabilizarse de su labor, a someterse a evaluaciones de su desempeño y a dar a conocer los resultados de esa evaluación.
La administración pública mexicana durante mucho tiempo se caracterizó por la discreción por parte de los servidores públicos y la ausencia de una cultura de rendición de cuentas. Ante estas acciones, el Estado mexicano se propuso erradicar la cultura del secreto, implementando el principio de que el gobernante entregará la información pública al gobernado.
Adicionalmente, a nivel federal hay diversos avances en materia de rendición de cuentas, como la transparencia presupuestaria. Por mencionar algunos casos, son la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con ella, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, la Ley de Desarrollo Social y con esta, la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros progresos.
Con esto, se puede asegurar que hoy toda la información que manejan todos los gobiernos e instituciones públicas en México es, en principio, pública, salvo las excepciones señaladas en ley, que protegen los datos personales y la privacidad de la persona.
Pese a ello, la realidad es distinta. El pasado 2 de diciembre la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su “Índice de Percepción de Corrupción 2014, enfoque para México”; ubicó a México en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener una puntuación de 35 sobre 100, en una escala que va de cero.
Dicho documento sitúa a México en el último lugar en corrupción de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es importante mencionar que el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, asigna una puntuación y clasifica a países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. Dicho índice es el indicador en materia de corrupción más usado en todo el mundo y se ha publicado desde 1995.
Lamentablemente, dijo, la corrupción va en aumento, pues los programas sociales lejos de ser iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, hoy son etiquetados para darle pedazos a los más pobres, es decir, el gasto público y el dinero del erario es utilizado para el desvío de recursos para bolsillos particulares, enriquecimientos de grupos y en muchos otros casos para la compra y coacción del voto.
Esto trae consigo que los programas sociales pierdan su objetivo y no cumplan sus funciones, además de que presentan grandes problemas de opacidad o pocas condiciones de resolver los problemas que enfrenta la población.
¿Por qué tanto el incremento en recursos no han logrado reducir los problemas sociales en el país? La corrupción, la falta de transparencia en el gasto, así como la mala planeación y diseño de los programas tiene mucho que ver con la respuesta.
Esta situación ha generado que la transparencia limite su potencial como un mecanismo regulador y evaluador de las acciones y resultados del gobierno, y en consecuencia no funcione como un mecanismo de rendición de cuentas.
Aún más preocupante es el que algunos funcionarios la utilicen como bandera para descarar el mal uso de los recursos públicos. Situación que solo promueve enojo social y, en algunas ocasiones, es una especie de defensa por parte del ciudadano para justificar sus propias conductas deshonestas y actos de corrupción.
Ante esto, se propone endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas para atacar este gran problema.
Por ello y con base en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se propone modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales.
Lo anterior con el fin de que todas las dependencias se vean obligadas a aclarar el funcionamiento de sus programas, así como rendir cuentas del uso de los recursos asignados, los resultados obtenidos y el desempeño institucional.
