Uno de los ámbitos del sector público que históricamente ha presentado graves problemas de corrupción y tráfico de influencias, es el otorgamiento de contratos y concesiones públicas, sostuvo el Senador David Monreal Ávila al presentar una iniciativa de ley para modificar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de limitar el número de adjudicaciones directas.
Al presentar dicha iniciativa explicó que en esos contratos y concesiones, hay prácticas que son utilizadas para condicionar dinero, favores, apoyos o cualquier otro tipo de prebendas, a cambio del otorgamiento de dichos contratos.
La licitación es un método que utiliza la administración pública para entregar a un particular, el cual haya ofrecido las mejores condiciones técnicas y económicas, un contrato que puede tener por objeto concesionar servicios, otorgar permisos, llevar a cabo una construcción, o cualquier otra obligación de hacer que convengan las partes, todo esto con el objeto de hacer uso eficiente y trasparente de los recursos públicos.
Sin embargo, la doctrina señala que una desventaja en el uso de las licitaciones públicas, es que pueden crear un monopolio, esto, en el sentido de que sólo las grandes compañías pueden ser las que siempre sean los mejores oferentes, y en consecuencia, sólo se beneficie a unos cuantos en todos los contratos, lo que evitaría la competencia yendo en sentido contrario a la naturaleza de la licitación.
La ley ordena que la manera de efectuar los actos mencionados deberán ser por licitaciones públicas; es decir, un ofrecimiento por parte del mejor postor con el único objetivo de que el acto a realizarse se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles, no estrictamente en su precio si no como el mismo artículo hace mención a la calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Lamentablemente en la actual Administración Federal, han preferido utilizar las adjudicaciones directas sobre las licitaciones públicas, así lo demuestran los números, de enero a julio del 2014, el Gobierno Federal aumentó la cantidad de contratos hechos a través de una adjudicación directa o invitaciones restringidas, pues de 201 mil 695 millones de pesos gastados en dicho periodo de tiempo, el 46.6% se ejerció mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, y el 53.4% a través de licitaciones.
Los números no mienten y revelan que las dependencias públicas no están cumpliendo con lo establecido con la Ley en la materia, en este sentido, el abuso sistemático de las adjudicaciones directas hace opacos las contrataciones y abren la posibilidad de que el gobierno no se adjudique algún bien o servicio al mejor precio y en las mejores condiciones. Por otra parte, el gobierno federal no es muy claro para precisar las nuevas necesidades y prioridades con mecanismos de contratación adecuado.
En este tenor, sostuvo Monreal Ávila, la presente iniciativa con proyecto de decreto, tiene como objetivo, modificar el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de limitar el número de adjudicaciones directas, esto con la finalidad de que el mayor número de otorgamiento de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra, que las dependencias y entidades tengan contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente sea a través de licitación pública, y solamente el 15 por ciento del total pueda ser por adjudicación directa.
