De manera dolosa y perniciosa”, actúa el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, además de violar la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, concretamente el artículo 62, Numeral 1, Fracción IX, “por negarse a ejecutar con apego los planes, programas y presupuestos que son fondos públicos, causando daño y perjuicio a los partidos políticos, en particular al PT”, afirma Geovanna Bañuelos de la Torre, Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo en Zacatecas.
“No existe causa, motivo y mucho menos fundamento que justifique el no pago del 50% del financiamiento a los institutos políticos, que debió ser suministrado a más tardar el 31 de enero”, expuso Bañuelos de la Torre, quien además explicó que el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes “es responsable de la conducta de su subalterno” por no actuar dentro el marco de la ley.
Cabe recordar que con motivo de la Reforma Político-Electoral, a Zacatecas se le redujo en un 47% el financiamiento a los partidos políticos, por lo que es “demasiado insensible o demasiado perverso que el gobernador del estado y el secretario de Finanzas, aún estén ‘jineteando’ los recursos de los partidos”.
Autoridad Electoral debe promover Juicio Político
En tal sentido, el desacato de Soto Acosta, “representa la violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, por lo que, el Partido del Trabajo, ejercerá la acción legal correspondiente, facultad que también le compete al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), quien debiera entablar Juicio Político en contra del Gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes y del titular de Finanzas, Fernando Soto Acosta, dado el incumplimiento de sus obligaciones”.
La Comisionada petista, solicitó a José Virgilio Rivera Delgadillo, Consejero Presidente del IEEZ, exigir el cumplimiento de la ley y presente Juicio Político en contra del mandatario estatal y su subalterno. De no actuar, se ejercerá acción penal en contra de los tres funcionarios, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El pasado 14 de enero, el Consejo General del IEEZ acordó que se les depositara el 50% del financiamiento de todo el año y el resto en ministraciones mensuales como lo estipula la Ley Electoral del Estado.
Incremento de 175% en Abigeato
Zacatecas se encuentra entre los siete estados con mayor número de robo de ganado a nivel nacional ya que, tan sólo en el 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró casi 500 casos de abigeato. La cifra a nivel nacional en 2014, es de 8 mil 266 delitos, lo que quiere decir que en Zacatecas se cometieron 5.73%.
Las siete entidades con mayor número de casos de abigeato son: Jalisco, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y Zacatecas, donde se cometieron 4 mil 023 robos de ganado el año pasado. Lo que significa que en estos lugares se perpetró el 48.6% del total de abigeatos. El 11.78% de los ilícitos, ocurrieron en Zacatecas.
Por lo anterior, la Comisionada del PT insistió en la gravedad del problema y las medidas que ya están tomando los ganaderos para proteger sus hatos, “es preocupante que los ganaderos pretendan armarse para defender su patrimonio familiar. Las experiencias recientes de autodefensas no han sido positivas en el país, pero es comprensible que ante la falta de la aplicación del Estado de Derecho, los mexicanos, los zacatecanos, asumirán la responsabilidad que las autoridades no han querido enfrentar”.
El llamado fue para el procurador General de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, informe sobre el estado que guarda la Fiscalía Especializada que presuntamente iba a atender este tipo de delito, además de las medidas de prevención.
Este ilícito se ha incrementado de manera alarmante año con año. De acuerdo con el registro del Sistema Nacional de Seguridad en 2010, se registraron 271 casos de abigeato, para el 2013 la cifra subió a 310 casos. En 2014 la cifra se disparó a los 474 delitos, lo que representa un aumento en el robo de ganado del 175% en tan sólo cuatro años.
Es importante destacar que nueve de cada diez hechos delictivos no se denuncian según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública.
