Al parafrasear a Montesquieu “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, David Monreal Ávila, senador por Zacatecas presentó una iniciativa de ley para modificar el fuero constitucional, pues uno de los grandes problemas que el sistema democrático y el poder público en México no han logrado abatir, son los hechos ilícitos y responsabilidades que surgen del ejercicio del poder público.
Señaló que esto ha sucedido a través de actos de corrupción, ataque a las instituciones democráticas, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, usurpación de atribuciones, desvíos de recursos públicos o cualquier otro que vaya en contra de la Ley y que cause perjuicio a la sociedad, todo esto ha generando condiciones para la impunidad y ha debilitado el sistema democrático del país.
Como consecuencia de estas acciones que ocurren comúnmente en el sistema político mexicano, se ha buscado implementar diversos mecanismos de control y castigo para aquellos funcionarios que actúan bajo los supuestos descritos.
Sin embargo en muchos casos, debido a la protección que la misma Ley otorga a ciertas investiduras, resulta difícil de juzgar y castigar a probables responsables que se resguardan en el fuero que les otorga la Constitución para evadir la acción de la justicia.
Si bien a lo largo de la historia, la reglamentación del fuero constitucional en México se ha justificado ante la necesidad de proteger la función que se desempeña, es decir, evitar que con una acusación sin fundamentos se impida el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o el normal funcionamiento de los organismos que conforman el Estado mexicano; la actualidad ha rebasado con creces esta situación, en virtud de la gran cantidad de personajes que se cobijan bajo el fuero constitucional para no ser investigados por violaciones graves al sistema normativo mexicano.
El senador sostuvo que, la ciudadanía camina hacia la igualdad de todos ante la Ley, mientras que los altos funcionarios y todos aquellos que se ven favorecidos por el fuero constitucional, van en sentido contrario, buscando preservar estos privilegios antagónicos y contradictorios de un sistema democrático.
En nuestros días, el fuero es considerado como una garantía constitucional que protege a la libertad de crítica, que sigue teniendo como base el pensamiento constituyente de 1917: permitir el desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo, asimismo, el seguimiento de diversos procesos penales que se consideraban inútiles en otras épocas.
Además, es importante aclarar, de entrada, que el fuero no protege a la persona en sí misma, sino al cargo que desempeña, por lo que al separarse de éste, automáticamente desaparece dicha inmunidad.
En este contexto, vale la pena precisar que los altos funcionarios a los que alcanzan, actualmente, los efectos de la misma, no tiene que justificarse por el cargo o la investidura que desempeñan, sino más bien, deben confiar, al igual que todos los ciudadanos, en la rectitud e imparcialidad de las autoridades penales para juzgar los delitos o ilícitos que se someten a su conocimiento.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo adecuar la figura del fuero constitucional, esto se llevaría a cabo con varias modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política Federal, pues la ciudadanía tiene claro que es inoperante, inequitativo y hasta obsoleto.
Se plantea que los diputados locales y senadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Gobernadores de los Estados, y el Presidente de la República, sean los únicos que gocen de fuero constitucional.
Éste solo proveerá de inmunidad absoluta a estos servidores públicos, por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.
No obstante, si alguno de los funcionarios descritos anteriormente, realizan violaciones a la Constitución Federal o bien, cometen delitos federales consignados como graves en la ley penal, se requerirá de la declaración del retiro del fuero por parte de la Cámara de Diputados o Senadores, quienes declararán por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a retirar el fuero.
Finalmente se propone que no se requerirá el retiro del fuero cuando alguno de los servidores públicos hubiera sido detenido en flagrancia; cuando hubiera sido sometido a proceso penal durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo o en que haya solicitado licencia, ni en demandas del orden civil que se entablen en su contra.
“Es momento de terminar con los privilegios heredados del siglo XX, ya es tiempo de cumplir a cabalidad el principio de igualdad ante la ley”, puntualizó.
