David Monreal Ávila, senador de la República advirtió que el mal uso o el no acceso a agua potable desencadena, sin duda, una serie de problemas que derivan hasta en muerte, por ello es necesario establecer nuevos mecanismos para el otorgamiento de nuevas concesiones y aminorar en gran medida el porcentaje de mexicanos que no cuentan con este vital líquido.
Refirió que de acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, es decir, casi una octava parte de la población mundial. Esto representa un grave problema para toda la humanidad, ya que mientras que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable ha incrementado seis veces.
En los próximos 50 años se calcula que la población crecerá entre un 40 y 50% más; asimismo, se estima que 1.4 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia, es decir, alrededor de 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos.
En este sentido, México debe cumplir con los compromisos asumidos en la materia, y emprender una política encaminada al uso responsable de este líquido vital, promoviendo el uso racional y adecuado del mismo.
De igual modo, el Estado debe hacer valer el derecho humano de que todas las personas tengan acceso al agua, esto implica, por un lado, la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las viviendas reciban agua potable; y por otro lado, otorgar permisos para que las personas puedan explotar agua de pozos y con esto satisfacer sus necesidades.
Uno de los sectores más afectados por la falta de una infraestructura adecuada de agua, es el campo; algunas estimaciones de especialistas en la materia hablan de que producir alimentos requiere entre 2.000 y 5.000 litros/persona/día, dependiendo de las diferencias climáticas y dietéticas, así como de la eficiencia de los sistemas locales de producción de alimentos; pero ante una falta de una infraestructura adecuada en el país, la realidad evidencia un campo debilitado y abandonado.
Contrario a lo que necesitan los campesinos y zonas rurales en México, el 7 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal, expidió un Decreto, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer las “facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009”.
Tal es el caso de diversos productores, que han demandado no haberse podido adherir al Decreto presidencial “debido a que los requisitos y reglas de operación establecidas en dicho documento, para los productores, estaban fuera de su alcance”, del mismo modo han manifestado que dicho procedimiento “presentaba serias inconsistencias”, situación que los dejó en estado de indefensión, y sobre todo sin las prórrogas de sus concesiones y con ello se ponen en riesgo la productividad de sus tierras.
En este sentido, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua, deben atender las solicitudes que fueron presentadas con el objeto de otorgarle las prórrogas de las concesiones o asignaciones, y no concluyeron su trámite ante la instancia correspondiente, o bien no han recibido respuesta de parte de la autoridad.
Del mismo modo, de ser necesario, plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores o personas posible.
Si el Ejecutivo Federal tiene verdaderas intenciones de sacar al campo del olvido en el que por décadas ha estado, deberá emprender mecanismos que atiendan las demandas de los más de 73, 000 concesionarios o asignatarios que no pudieron o no fueron beneficiados con las prórrogas de dichos permisos, finalizó.
