David Monreal Ávila, senador de la República expuso que ante la realidad innegable de que México no tiene acceso al derecho a la alimentación, le solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social a que esclarezca el destino de los montos económicos que serían utilizados por la Cruzada Nacional Contra el Hambre, asimismo revisar la viabilidad de las Tarjetas Sin Hambre.
Indicó que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
La realidad es innegable; México no tiene un acceso al derecho a la alimentación. Lamentablemente en el país la desigualdad y la insuficiencia de ingresos para tener acceso a los alimentos de calidad son carencias que por décadas se han mantenido.
Refirió que la promesa de campaña “vas a ganar más por tu trabajo” del ahora presidente de México no se ha cumplido en los primeros tres años de su mandato, las cifras así lo revelan. En el bienio 2013-2014, en promedio, 53.8 por ciento de los mexicanos no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Lo anterior exhibe que existen millones de mexicanos a los que no les alcanzan sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos.
Monreal Ávila destacó que desde hace décadas, para los gobernantes esto nunca ha sido su prioridad, y lejos de atender la pobreza desde todos sus aspectos, se limitan a crear programas asistencialistas para que el ciudadano reciba mensualmente un apoyo económico o productos de la canasta básica, sin generación de empleo, sin desarrollo, ni algún tipo de apoyo que lleve a la gente al progreso.
El ejemplo más claro de esto es la estrategia de política social “Cruzada Nacional contra el Hambre”, con la cual, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México.
Para el cumplimiento de los objetivos de la cruzada, la Secretaría de Desarrollo Social utiliza aproximadamente 70 programas ya establecidos de la administración pública federal que sirven para la implementación de la estrategia.
Desde su presentación, la estrategia “Sin Hambre” estuvo en medio de diversos cuestionamientos, ya que distintos partidos políticos, incluso Instituciones, aseguraron que la política social tenía como objetivo la recuperación y el control electoral.
Pese a lo declarado por el Gobierno Federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha dado más resultados negativos que positivos. Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recomendó al gobierno federal revisar la viabilidad de las Tarjetas Sin Hambre, al considerar que existe el riesgo de que los beneficiarios revendan los alimentos obtenidos en lugar de consumirlos.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un fraude en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre, que costó al erario no menos de 845 millones de pesos.
Los hechos anteriormente descritos requieren que el propio Gobierno Federal reestructure la política social que implementó, ya que el estado de marginación en el que algunos mexicanos se encuentran sigue a la alza, y la malversación de recursos notablemente no abonan a la disminución.
Finalmente indicó que lejos de cuestionar la Cruzada Nacional contra el Hambre, es momento de hacer una evaluación de la misma. Es necesario que la sociedad conozca que se está haciendo con los recursos públicos, a quiénes realmente se están beneficiando estos 70 programas y, de ser necesario, se reestructure la política social.
