David Monreal Ávila, senador de la República presentó una iniciativa de ley para que ya no se concedan compensaciones a quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o sus beneficiarios, lo anterior en virtud de que debe aplicarse un plan de austeridad como criterio rector del servicio público y reducir los altos costos del gobierno mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia.
“La población no está obligada a mantener al gobierno, al contrario, éste debe fungir como el órgano operador que sirva para reactivar la economía y sanear las finanzas públicas del Estado”, afirmó el legislador.
Explicó que si bien la Constitución Política Federal en su artículo 127, establece que los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, entre otros, recibirán una remuneración adecuada, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a su responsabilidades, esto no implica dar compensaciones de por vida y mucho menos cuando se trata de cantidades muy altas, en la inequidad.
Si bien en fechas recientes por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se anunció un recorte al gasto público federal por la cantidad de 124 mil 300 millones de pesos con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas en diversas secretarías, esta acción también podría aplicarse en otros sectores de gobierno, como lo son, las compensaciones que se confieren a aquellos que se han desempeñado como titulares del Poder Ejecutivo Federal, de manera que se erradique cualquier prestación.
Sería interesante una cancelación de bonos, viáticos, servicios médicos privados, el uso de aviones, helicópteros, pensiones a los extitulares del Poder Ejecutivo Federal y otras situaciones.
Las anteriores acciones señaladas dañan al erario público de manera gravosa, sin embargo, el Poder Ejecutivo Federal está obligado política y éticamente a no permitir más estos gastos, así como aplicar medidas que aminoren la crisis económica que afecta severamente a la ciudadanía.
Por esta razón, acotó Monreal Ávila, se requiere establecer medidas impostergables para edificar una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales, a reglas y principios estrictos de austeridad presupuestal; puesto que en México no existe austeridad en el gasto público, legislar en esta materia es una necesidad para reivindicar el servicio público.
Aseveró que México se ha convertido en un país de privilegios para unos cuantos y de carencias para millones, el sistema político e institucional implementado busca en gran medida privatizar los beneficios y socializar las desventajas, continuar con esta forma de gobierno solo evita alcanzar una verdadera democracia o estado de derecho.
Por otro lado, la manera de generar un equilibrio y justicia en la sociedad, recae principalmente en alentar políticas de mayor igualdad salarial entre todos los sectores del país, pues los sueldos, percepciones, bonos y “compensaciones” que recibe la alta burocracia en el país, no se apegan al criterio económico de mercado, ni al de la equidad social, y ni al de la honrosa medianía económica.
Lo anterior se demuestra con las pensiones de los expresidentes; trabajar seis años y obtener una pensión mensual por 205 mil 122 pesos sólo ocurre en México, pero no para toda la población. Mientras los expresidentes de la República reciben al mes pensiones que superan los 200 mil pesos, un trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas alcanza 2 mil pesos, 5 mil pesos o más, dependiendo del salario que perciba y para alcanzar esa cifra debió trabajar hasta los 65 años.
El fundamento constitucional que permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia se encuentra previsto en el artículo 73 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual, se precisa que el Congreso tiene la facultad para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar, o disminuir sus dotaciones.
Por tal motivo, está reforma constitucional responde a la demanda de una sociedad que es lograr ahorros significativos que se apliquen, en todo caso, a la inversión de proyectos productivos, rescate del campo, soberanía alimentaria, salud pública y educación.
En consecuencia, explicó, el objetivo de la presente iniciativa va encaminado a la disposición constitucional, por la cual no se concedan compensaciones a quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o sus beneficiarios, ya que como se hace mención, no existe normatividad alguna que regule dicha partida presupuestaria; por otra parte, con la aprobación de la presente reforma se estaría atendiendo lo estipulado en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a una justa y equitativa distribución de la riqueza nacional.
