Al señalar que los mexicanos tienen una percepción negativa de la administración pública, evidentemente con conocimiento de causa, el Senador de la República David Monreal Ávila, le solicitó al Gobierno Federal que rinda un informe de los contratos con la compañía de arrendamiento automotriz Casanova Rent, para constatar que efectivamente fueron realizados bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.
La transparencia y rendición de cuentas en las dependencias gubernamentales ayudan a eliminar o reducir las irregularidades de información que causan muchos de los problemas e ineficiencias al interior de las mismas. Sin embargo, el acceso a la información no es suficiente para generar los vínculos honestos necesarios para crear un sistema jurídico político justo y eficaz.
Ante esto, acotó el legislador, la transparencia es la obligación que tiene el gobierno a informar y dar a conocer las actividades que realiza en la administración pública, su funcionamiento, etc, siendo este un medio más por el cual se transmite la confianza al pueblo y la credibilidad de sus acciones.
Por otro lado, para realizar una compra pública, los gobiernos en México deben apegarse a un conjunto de leyes y reglas que siguen una misma máxima: asegurar las mejores condiciones disponibles de compra para el Estado. Por ello, las adquisiciones que realizan las dependencias y gobiernos se realizan por regla general mediante una licitación pública, es decir, mediante un concurso abierto a cualquier interesado.
Monreal Ávila dijo que sin embargo, también se prevé que por excepción se puedan realizar procesos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa. Estas últimas, excepcionalmente, son formas de comprar que tienden a ser menos competitivas pues restringen la participación a un número determinado de individuos o empresas.
Lamentablemente algunos servidores públicos han hecho de la adjudicación directa un procedimiento tendencioso de comprar, ya que benefician a personas en específico que generalmente tienen vínculos con los servidores públicos o con la propia dependencia, dejando en desventaja a medianos y grandes empresarios que por licitación pública podrían obtener contratos con el Gobierno.
Refirió que hace unos días, el un periódico de circulación nacional exhibió en una de sus columnas, este cuestionamiento. Según el diario, el año pasado 17 dependencias del gobierno federal le adjudicaron a Casanova Rent contratos para el arrendamiento de varios miles de autos, motocicletas y camionetas para uso oficial.
Esta compañía tiene 24 años en el arrendamiento automotriz y en 2014 recibió 53 contratos por asignación directa por un total de 438 millones de pesos por concepto de servicio de transporte terrestre. Supuestamente la razón para esta decisión discrecional radica en que ofrece precios competitivos, pero también se insinúa que es por la cercanía con algunos funcionarios del gobierno federal con la empresa, lo que les ha permitido ganar con propuestas que tienen un sobreprecio de hasta 60% respecto de sus competidores.
La columna destaca los contratos realizados con la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales fueron 35 por 229 millones de pesos. Para Casanova Rent, sólo este negocio de la Sedesol representó 52% de los ingresos obtenidos por ventas al sector público el año pasado.
Adicionalmente, días después el mismo diario nacional informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también realizó la adjudicación directa del contrato multimillonario más grande que el gobierno federal haya otorgado en la historia; la renta de cuando menos siete mil 164 camionetas, motos y automóviles utilitarios a un costo de nada más y nada menos que de cuatro mil 424 millones de pesos, los cuales fueron otorgados a cuatro empresas: Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Arrendomóvil de México y Ferbel Norte. Sin embargo, llama otra vez la atención que la misma compañía Casanova Rent recibió 82% del valor del contrato.
Por tal razón y con apego a la verificación, seguimiento y evaluación de las acciones de la Administración Pública Federal, la presente proposición tiene como objetivo que el Ejecutivo Federal rinda a esta Soberanía un informe fundado y motivado para que esclarezca que en cuestión técnica y de competencia, los contratos con la compañía Casanova Rent efectivamente fueron realizados bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, finalizó.
