El Senador de la República, David Monreal Ávila propuso reformar la Ley Federal de Seguridad Privada, con el fin de crear nuevos criterios en el control médico y de confianza a los operadores de este servicio.
Señaló que a pesar de que la seguridad pública es justificación de la misma existencia del Estado, así como una responsabilidad cristalizada en el artículo 21 constitucional, ésta no ha sido suficiente para garantizar el bienestar de la población.
El Estado va perdiendo la lucha contra el crimen organizado, así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalando que en los 19 primeros meses de gobierno del sexenio pasado, se contabilizaron 41 mil 396 homicidios, mientras que, en la presente administración, se alcanza la cifra de 55 mil 325.
Asimismo, en los primeros meses del sexenio pasado, se reportaron 873 secuestros y 5 mil 345 extorsiones; en contraste, en el mismo periodo del actual sexenio, se tiene un registro de 2 mil 634 secuestros y 12 mil 194 extorsiones.
Las cifras demuestran que no existe una verdadera diferencia en la política de seguridad pública entre el sexenio anterior y el que está en curso, situación que debilita la credibilidad en las instituciones del Estado, al ser incapaces de garantizar la seguridad y orden público, afectando la gobernabilidad en algunas entidades federativas.
En el 2014 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el INEGI, revela que la preocupación de la población de 18 años y más, recae en la inseguridad y delincuencia, con un 58.1%, desempleo con 46.1% y el aumento de precios, con un 37.7%. Asimismo, la percepción de inseguridad en las entidades federativas llegó a 73.3%, lo que representa un incremento con respecto al año anterior.
El legislador federal sostuvo que debido a la notoria incapacidad del Estado para brindar seguridad a su población, en los años 50 y 60 surge la primera empresa privada de traslado de valores; para los años 90 se registró un crecimiento de las empresas de seguridad privada de un 20% en comparación con el año anterior; entre los años 2000 a 2006 se ha experimentado un incremento exponencial de las empresas de seguridad privada.
Dichas empresas carecen de mecanismos de control que salvaguarden la integridad de los prestatarios que pretenden subsanar con sus propios recursos las debilidades del Estado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que no existe un Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada confiable y actualizado. También dio a conocer las irregularidades que existen en los registros de personas operativas de este servicio entre el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Derivado de lo anterior, sostuvo Monreal Ávila, se puede afirmar que las empresas de seguridad privada han crecido de manera exponencial, sin que les otorguen alguna garantía de sus servicios a las empresas que las contratan, al mismo tiempo de que no existe un registro confiable sobre dicha actividad, las empresas en comento son un peligro para la sociedad, pues vulneran las dispersiones de la ley en la materia al realizar actos de suplantaciones de guardias de seguridad privada.
El senador concluyó al destacar la importancia que estas modificaciones a la Ley General de Seguridad Privada tendrán para lograr mayor certidumbre jurídica y mejores medios de control a estas empresas que, bien dirigidas, podrán coadyuvar con el gobierno en la política de seguridad pública.
