Comprometido con la transparencia, David Monreal Ávila, senador de la República, le solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que revise las razones por las que la Secretaría de Energía (SENER) reservó los nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado contratos, asignaciones, licencias o permisos previstos por la Reforma Energética como confidenciales.
Pues tal y como lo advirtió durante los debates para su aprobación, “la Reforma Energética no tocó el tema de transparencia y rendición de cuentas, la corrupción del sindicato, ni se implementó explícitamente una política en contra de la corrupción en el sector energético”.
Por el contrario, agregó, sobran casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y conflictos de intereses para sospechar de la confidencialidad –que durará 5 años- con la que el Gobierno Federal se maneja respecto de la identidad de las empresas privadas que se benefician de la Reforma Energética.
“La Secretaría de Energía esconde las probables evidencias de corrupción e irregularidades que podrían existir en la asignación de contratos”, afirmó.
En el primer trimestre de 2015, el Gobierno Federal deberá dar a conocer la adjudicación de las áreas que licitará (Ronda Uno), sin embargo, hasta el 2020 será posible conocer a los empresarios que hoy están construyendo acuerdos para beneficiarse con la reforma energética.
Por lo anterior, consideró un exceso clasificar la información por 5 años y alertó sobre la insuficiencia de los argumentos esgrimidos por la SENER contra el derecho a la información que la ciudadanía reclama, sobre todo en el ramo energético.
El Poder Legislativo aprobó una Reforma Energética ampliamente rechazada por la opinión popular, y ahora el Ejecutivo parece terminar la tarea, generando un clima de opacidad que propicia las prácticas de corrupción que caracterizan las relaciones de la clase política con la empresarial.
Finalmente aseveró que de no dar a conocer la identidad de dichas empresas, no existirán las condiciones mínimas de credibilidad del Estado ni confianza por parte de la población que supuestamente representa.
