Al señalar que con el nombramiento de Arely Gómez González como titular de la PGR el pasado 3 de marzo, el tema de Ayotzinapa no se agota con el cambio de procurador ni se le da carpetazo, el Senador de la República, David Monreal Ávila, le solicitó a esta instancia, agotar todas las líneas de investigación, en vista de los poco avances que se han visto en este tema, ello ante la desesperación de los padres de familia que siguen en la búsqueda de sus hijos.
La versión oficial de los hechos ocurridos aquella noche en Ayotzinapa, según el relato público de los sucesos ocurridos de la PGR, concluyó en la ejecución múltiple de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, en el basurero de Cocula, Guerrero.
Las conclusiones de la Procuraduría General de la República fueron hechas con base a 221 órdenes de captura y 97 detenidos, el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes se les acusa por delincuencia organizada, por sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, pero no por el ataque a los estudiantes; asimismo, cinco policías de Iguala fueron acusados de desaparición forzada por la muerte e inhumación de 30 personas cuyos restos fueron encontrados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula.
En este contexto, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón de Lucio, informó: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”.
Lo anterior, desafortunadamente, más que una línea de investigación pareció un intento por dar “carpetazo” a los sucesos de Iguala, Guerrero.
Ante estas acciones, evidentemente los familiares de los estudiantes rechazan los resultados de la indagatoria y se niegan a aceptar la versión oficial, ya que parece cumplir una función táctica y mediática, antes de ser la verdadera conclusión de una investigación comprometida con la justicia social y el castigo a los culpables.
Aún quedan pendientes algunas detenciones de presuntos responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, entre los buscados se encuentran los que responden al sobrenombre de El Chucky y El Gil, supuestos integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos, así como Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Francisco Salgado Valladares, mando de Seguridad Pública municipal.
Además, el caso será revisado por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evaluar las acciones del gobierno y emitir recomendaciones sobre la desaparición de personas en México, “un delito que se vuelve cada vez más común en nuestro país, lo cual es lamentable”, finalizó.
