Ante el alarmante crecimiento del trabajo infantil, David Monreal Ávila, senador de la República, pidió a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia, un informe sobre las políticas públicas, programas y demás acciones encaminadas a erradicar este problema en el sector agropecuario.
Advirtió que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se ven obligados a trabajar para ayudar al sustento familiar, son vulnerados al no permitirles desarrollarse plenamente; usualmente no van a la escuela o la abandonan, no pueden practicar deportes ni tienen acceso a la cultura y a los juegos propios de su edad.
No obstante el terrible panorama nacional (2.5 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos, entre 5 y 17 años, trabajan prematuramente), el sector agropecuario es el que más reciente dicho problema, pues aproximadamente 7 de cada 10 niños trabajadores mexicanos viven en el campo, según datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas.
“La realidad para muchos de las niñas y niños que trabajan en el campo son las jornadas de trabajo largas y extenuantes, la exposición a productos químicos y tóxicos, a fauna y flora nociva, las cuales acarrean consecuencias para su salud; además, frecuentemente utilizan maquinaria y herramientas peligrosas”.
Monreal Ávila sostuvo que más de 900 mil infantes, entre 5 y 17 años, se encuentran trabajando como jornaleros agrícolas, lo que representa un tercio del total de niños que trabajan en el país: son contratados como mano de obra barata y sobreexplotados, sufren de deserción escolar, migración y marginación, lo que les impide escapar de la pobreza.
Todos los niños, niñas y adolescentes, que ingresan prematuramente a la vida laboral, corren grave peligro: entre 2007 y 2015, fueron documentadas 39 muertes de menores en accidentes de trabajo por las duras condiciones laborales del campo.
Finalmente aseveró que el discurso oficial está muy alejado de la realidad, el trabajo infantil debe reconocerse y combatirse como una prioridad en las políticas públicas dirigidas al campo, tomando en cuenta los derechos de la niñez, como el sano crecimiento, el desarrollo integral y acceso a la educación que les permita alcanzar una mejor calidad de vida.
