Luego de que la promesa del combate a las extorsiones y el uso de equipos de telefonía para negociar no ha funcionado, el Senador de la República, David Monreal Ávila solicitó al Ejecutivo Federal un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para combatir este delito que tanto a flagelado al país.
Explicó que desde hace más de una década, la modalidad de extorsión por medio de llamadas telefónicas ha ido en aumento a lo largo del territorio nacional, al menos 916 bandas de extorsionadores operaban en los distintos penales del país; 15 de las más activas operan desde centros penitenciarios en el Distrito Federal y se calcula que cada 24 horas se realizaban 6 mil 179 extorsiones por día.
Entre 2001 a 2009, a nivel nacional, las bandas de extorsionadores han obtenido más de 705 millones de pesos, en este periodo de tiempo se intentaron 18 millones 199 mil 23 llamadas, con fines de extorsión, de las cuales, el 95 por ciento fueron realizadas desde el interior de los penales.
El 10 de abril de 2010, entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (RENAUT), cuya promesa del gobierno era establecer un registro y control de los propietarios de celulares, así como combatir las extorsiones y el uso de equipos de telefonía para negociar secuestros.
“Este programa no cumplió con sus objetivos”, aseveró el legislador, y explicó que la imperfecta forma en que operó este registro de celulares permitió que al menos el 6% de dicha información fuera falsa, es decir, millones de líneas telefónicas posiblemente operaron con identidades totalmente inexistentes e imposibles de identificar.
La extorsión telefónica consiste en infringir violencia psicológica y moral entre 30 minutos y 7 horas, exigiendo el pago del rescate de familiares supuestamente secuestrados, lucrando con el sufrimiento y la angustia de las familias mexicanas.
Estas cifras sólo muestran los delitos denunciados y no de los que en realidad se cometen. Ante esta situación el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), calcula que el número de casos que no se denuncian, una categoría denominada como cifra negra, representa aproximadamente el 90% del total.
Recordó que la población está sufriendo las consecuencias de éste delito, no solamente en lo concerniente al daño psicológico y moral, sino también en lo patrimonial, y es por ello que el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar seguridad a los habitantes que le dan sustento y razón de existir.
