Al considerar que en México es urgente el tema de la transparencia y del alto total a la corrupción, David Monreal Ávila, senador de la República, presentó una iniciativa de reforma constitucional por la cual se amplían las obligaciones del Presidente de la República, además de aumentar su responsabilidad ante acusaciones por infringir la Constitución o a las leyes federales, delitos graves, violaciones a los derechos humanos y por cohecho, así como la posibilidad de sujetarlo, por lo anterior, a juicio político.
Refirió que a pesar de que actualmente el mandatario nacional ya puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, la regulación es ambigua y poco claras, por lo que es necesario precisarlas para brindarle mayor certeza a la sociedad.
El legislador presentó dicha iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 69, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual será discutida por todos los grupos parlamentarios y en su caso, aprobada, esto, claro, si el presidente no ejerciera su derecho de veto, en cuyo caso las reformas deberían ser discutidas nuevamente.
En la exposición de motivos, argumentó la necesidad de asegurar un Estado democrático basado en los pesos y contra pesos característicos de las repúblicas modernas.
Precisó la necesidad de contar con un poder ejecutivo confiable y dispuesto a rendir cuenta del ejercicio de sus funciones, pues –dijo-, “se debe entender que quien ejerza el honorable cargo de Presidente de la República, no recibe un cheque en blanco, si no por el contrario, debe ser el ejemplo a seguir por todos los servidores públicos del país”.
En el contexto de una transición democrática, que ha costado mucho esfuerzo y tiempo al pueblo mexicano, planteó la necesidad de evitar la concentración de poder en el titular del ejecutivo a fin de evitar el abuso de poder y la impunidad.
Por ello, el titular del poder ejecutivo debe conducirse con honestidad, alejado del cohecho, evitar el conflicto de intereses, respetar los derechos humanos y en caso de no hacerlo, enfrentar un juicio como cualquier servidor público, “hay que poner un alto a la corrupción”, finalizó.