La que suscribe Diputada María Guadalupe Medina Padilla, integrante de la Honorable LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 45 y 48 fracción III de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 97 fracción III y 104 del Reglamento General de este Poder, a fin de que se le dé́ tramite de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S:
Miguel Hidalgo y Costilla es uno de los personajes históricos de suma relevancia en el país, sin embargo el ya famoso año de Hidalgo no se utiliza para referirse a él ni a fecha histórica alguna, sino a algo amoral y socialmente reprobable: la corrupción, la cual se ha convertido en el peor flageló de la sociedad.
Se refiere al último año de gobierno de una administración, la cual no debe dejar nada y tienen que gastarse todo el dinero que queda pendiente de ejercerse en los presupuestos, o bien disponer de los recursos públicos hasta donde se pueda, crudo reflejo de la corrupción que ha caracterizado a la administración pública en México, en el Estado y algunos de sus municipios.
La frase inició durante el primer período del PRI en el poder federal y a finales de esa etapa, durante la década de los 80’ se popularizó otro dicho derivado del original: es el año de Carranza, porque el de Hidalgo ya no alcanza.
En septiembre del próximo año se efectuará el relevo de autoridades en el gobierno del Estado y en los 58 Municipios, la tentación de aplicar la costumbre de arrasar con todo, casi como final obligado del llamado “Año de Hidalgo” es latente.
En Zacatecas ya es costumbre que los gobernantes cometan actos de corrupción y robo descarado, sin que se les ponga un alto, se imprime el sello de la corrupción en la administración pública, en los diferentes poderes y en los tres niveles de gobierno.
En gran medida si se quiere combatir la corrupción es necesario empezar de arriba en las altas esferas, con voluntad política de los titulares de los poderes públicos y de los ayuntamientos, para aplicar la leyes que obligan a administrar con honestidad los recursos públicos que son del pueblo.
Es real la práctica que deja a las nuevas administraciones comenzar sus funciones a partir de cero: sin archivos, sin información alguna de los pendientes; sin fondos en las cuentas bancarias; sin reservas para el pago de sueldos o para garantizar los aguinaldos; sin patrullas, ni vehículos en buen estado, pero si con muchas deudas a proveedores que demandarán airadamente su liquidación en cuanto se haya consumado el cambio, con deudas y promesas incumplidas a trabajadores, sindicatos, etc.
Hemos evolucionado en materia de transparencia y rendición de cuentas; pero aún nos falta camino por recorrer, rezagos qué superar, viejos vicios qué eliminar. Veamos la situación que posiblemente se esté presentando en el próximo año en todo el Estado.
Si el gobernador o el alcalde entrante pertenecen al mismo partido que el saliente, el silencio y la impunidad se imponen. Pasarán meses para que los gobernados se enteren de las carencias heredadas, de los abusos y desaciertos cometidos por los que se fueron sin rendir cuentas a la sociedad, ni siquiera a su correligionario.
Pero si el alcalde o gobernador entrante pertenece a un partido distinto al de su antecesor, entonces las denuncias y las quejas rondarán, intentando incluso justificar las propias insuficiencias con los abusos de sus predecesores.
En el caso particular de Zacatecas son demasiados temas y asuntos trascendentes a los que se debe dar continuidad. Hay procesos judiciales pendientes, obras inconclusas estatales y municipales así como la deuda publica etc..
Pero no es sólo cuidar y prevenir también se tendrá que defender todo aquello que sea percibido como positivo, de tal manera que se garantice su continuidad, independientemente de la llegada de otro partido político al gobierno municipal. Se trata también de desatar iniciativas que no se hubieran aplicado y que pudieran ser benéficas para la ciudad y para sus pobladores.
Esto implica además que será más complicado que se repitan acontecimientos bochornosos, en donde los gobiernos salientes se llevaban todo lo que había dentro de los ayuntamientos municipales las escritorios, las computadoras, vehículos oficiales sin llantas y cajones vacíos, hasta cristales de ventanas; historias que surgen cada tres o seis años cuando existe cambio de administración… al menos hasta el próximo septiembre.
En todas partes hay cosas que hacer, mucho por mejorar y otro tanto por corregir. La exigencia de transparencia en la información pública gubernamental adquiere en estos momentos de relevo gubernamental su pleno sentido como parte de la rendición de cuentas a la que están obligadas todas las autoridades.
Es por todos conocido que el hecho de que al termino de los periodos gubernamentales, algunas autoridades, argumentando falta de recursos para finiquitar obras o para el pago a proveedores como a ferreteras, materialistas, papelerías, transportistas, tiendas de pintura, abarroteras, etc., así como prestaciones laborales del personal adscrito, recurren a prácticas de enajenación de bienes, practicas que de ninguna manera deben considerarse pertinentes, ya que afectan el patrimonio estatal y municipal, a la continuidad de las administraciones.
Si bien existe la autonomía municipal para el manejo de su hacienda y bienes patrimoniales, también es cierto que dichas libertades son relativas y se encuentran claramente reglamentadas.
Aunado a ello se dan faltas administrativas que van desde evadir los procesos de entrega – recepción o realizarlos de manera incompleta y por personas no autorizadas, hasta la desaparición previa de archivos documentales o electrónicos, la enajenación de bienes, equipo de oficina, unidades de parque vehicular para la prestación de servicios públicos.
Por todo lo anteriormente expuesto me permito considerar ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:
P U N T O D E A C U E R D O:
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado, a los titulares de las Dependencias de gobierno, a los 58 ayuntamientos municipales de la entidad federativa, para que al término de la administración en curso, eviten la sustracción de información documental o electrónica, la enajenación de bienes muebles que conforman parte del patrimonio estatal y municipal, para que cumplan con la legalidad en todos sus términos, el proceso de entrega-recepción a que se refiere la legislación vigente al respecto.
Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado, a los titulares de las Dependencias de gobierno, a los 58 ayuntamientos municipales de la entidad federativa para que programen sus pagos a proveedores y no hereden cargas y compromisos financieras a los servidores públicos entrantes.
Tercero.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado, a los titulares de las Dependencias de gobierno, a los 58 ayuntamientos municipales, terminen sus compromisos contractuales con trabajadores y eviten préstamos personales, para no engrosar las nominas correspondientes, ni hereden responsabilidades a las administraciones entrantes.
Cuarto.- Se exhorta al titular de la Auditoria Superior del Estado, para que durante los procesos de entrega-recepción de las Administraciones Públicas Estatal y Municipal, vigile y apoye en la realización de dicho proceso.
Quinto.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que mediante sus instancias y dependencias correspondientes, otorguen información y capacitación a las diferentes autoridades estatales y municipales a efecto que puedan llevar a cabo el proceso de finalización de administración y el proceso de entrega – recepción de manera ordenada y transparente.
A T E N T A M E N T E ZACATECAS, ZAC., 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
DIP. MARÍA GUADALUPE MEDINA COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL
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