El Gobernador Miguel Alonso Reyes revisó, junto con Armando Ávalos Arellano, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), los procedimientos de ley para que los presuntos delincuentes detenidos por autoridades estatales y federales reciban penas condenatorias.
Durante la reunión semanal del Grupo de Coordinación Local (GCL), a la que fue invitado Ávalos Arellano, el mandatario estatal pidió al Poder Judicial hacer un análisis de los ordenamientos legales y las especificaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sobre todo en el actuar policial.
Alonso Reyes hizo manifiesto el interés de las instancias estatales y federales, que conforman el GCL, porque exista una plena coordinación con el TSJE y que los presuntos delincuentes detenidos, incluso en flagrancia, no logren su libertad si son culpables de algún delito.
El Ejecutivo Estatal ratificó el destacado avance en materia de seguridad pública, derivado de la suma de voluntades de los tres órdenes de gobierno, por lo que la sanción de los presuntos delincuentes es parte fundamental en el éxito del Eje Zacatecas Seguro.
Precisó que la coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como las instancias estatales ha permitido mantener la tranquilidad y la paz social en Zacatecas.
Indicó que sin dejar de reconocer que los grupos delincuenciales han venido cometiendo acciones que trascienden a la opinión pública, los niveles de seguridad en general permiten a la población zacatecana un clima de tranquilidad social, por lo que es importante que «quien la haga la pague».
Ante el titular del Poder Judicial en la entidad, indicó que desde el seno del GCL ha existido un apoyo incondicional para la instalación del nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que todas las instancias colaboran en la capacitación de los elementos policiales respecto del rubro del «Primer Respondiente».
En ese sentido, abundó que en todo momento se busca el respeto a los derechos humanos de los detenidos, el resguardo de la escena y la cadena de custodia, con el propósito de que quien cometa algún delito reciba la sanción que le corresponde y la sociedad se dé cuenta que las autoridades dan cumplimiento a la prevalencia del Estado de Derecho.
Alonso Reyes ratificó su compromiso de velar por la seguridad de las y los zacatecanos, por lo que estimó prioritario también establecer ese lazo de coordinación con el Poder Judicial y que quien cometa una violación a la Ley reciba la pena que le corresponde.
Ávalos Arellano, ante el pleno del GCL, agradeció la invitación y la confianza depositada en el Poder Judicial para emprender una estrategia de revisión de procedimientos, mediante los cuales ambos poderes del Estado lleven la aplicación de la Ley a buenos términos en beneficio de la sociedad.
Estimó muy relevante la capacitación que han recibido los elementos policiales y de las fuerzas armadas en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, toda vez que ello es una garantía para aplicar la Ley en contra de sus transgresores.
Anunció que tras este acercamiento con las instancias de seguridad estatales y federales en la entidad, encabezadas por el Gobernador Alonso Reyes, convocará a jueces y magistrados a tener un mayor acercamiento, además de revisar cada caso, porque nadie puede estar fuera de la ley.
Ávalos Arellano abrió una puerta de comunicación para que en caso de alguna duda procedimental sobre cierta detención se puedan aportar todas las pruebas necesarias, a efecto de que el órgano judicial actúe conforme a Derecho y en estricto apego a los derechos humanos.
Leticia Catalina Soto Acosta, procuradora General de Justicia del Estado y Raúl Jesús Izabal Montoya, delegado de la PGR, se comprometieron a iniciar los lazos de comunicación con el TSJE para que cada Carpeta de Investigación quede totalmente fortalecida, con las pruebas necesarias, para que los detenidos reciban penas condenatorias.
Ambos funcionarios coincidieron en manifestar su interés por que las órdenes de cateo y de aprehensión, cuando se tiene la certeza de la comisión de un delito, no sea impedimento para hacer valer la ley en contra del o los transgresores.
Los generales Sergio Alberto Martínez Castuera, comandante de la XI Zona Militar y Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública, saludaron la disposición del Ávalos Arellano pues comentaron que ese apoyo fortalecerá el espíritu de los elementos operativos, quienes se ven «desanimados» cuando observan que un delincuente detenido es puesto en libertad.
