Al inicio de la administración municipal, en una etapa de transición política y de gobierno, se integró un equipo de trabajo con los mejores hombres y mujeres del municipio, con la intención de garantizar los mejores resultados en favor de la ciudadanía, ocupando la totalidad de los espacios administrativos necesarios para el buen funcionamiento; sin embargo, un grupo de trabajadores de la administración anterior, se empeñaron en aparentar vigencia de contrato para permanecer en el empleo, por lo que hubo necesidad de pedirles se retiraran de ese espacio.
Cabe señalar y puntualizar que desde el primer momento se puso a su disposición la totalidad de las prestaciones legales calculadas en dinero, para no violentar sus derechos laborales y considerando que en apego a la legalidad, la vigencia del contrato de trabajo de todos ellos había terminado con la administración anterior.
Mal asesorados, los trabajadores de la saliente administración, y con el ánimo de revanchismo político, fueron orientados para promover una demanda laboral solicitando la reinstalación, el reconocimiento como trabajadores de base y el pago de salarios caídos con cargo al recurso público, es decir, no aceptaron el pago de la indemnización y prestaciones para sacar provecho indebido.
Es el caso que el juicio promovido por los trabajadores referidos se prolongó en el tiempo, debido a la carga de trabajo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y extrañamente, previo al inicio de la campaña electoral del año que corre, la autoridad laboral arbitrariamente desechó medios de prueba, cerró la instrucción y dictó el laudo condenando al municipio a la reinstalación y pago de prestaciones en favor de los trabajadores. Cabe mencionar que la resolución dictada lo fue sin agotar los principios de congruencia y exhaustividad necesarios para toda sentencia, violentando la garantía de audiencia al no haber recibido, desahogado y valorado la totalidad de los medios de prueba aportados y desatendiendo la garantía de legalidad por lo anterior mencionado y al no encontrarse debidamente fundada y motivada; por lo que, ante tal ilegalidad, el municipio a través de sus representantes legales interpuso un amparo directo laboral en contra del laudo dictado, solicitando la protección de la justicia federal, mismo que se encuentra en trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, el juicio promovido por los trabajadores se encuentra sub judice y por lo tanto no tiene sentencia definitiva que atender por parte del municipio.
Días anteriores, los trabajadores actores del juicio, solicitaron la reinstalación a sus puestos de trabajo, pero estando sujetos a un proceso jurisdiccional que no se ha terminado, por lo que el municipio resolvió no atender su planteamiento y esperar a que el juicio por ellos promovido concluya y establezca la verdad jurídica que haya que atender.
Nuevamente, los trabajadores que son parte del litigio, son presa de intereses políticos que los motivan a tomar las instalaciones de parte del gobierno municipal, reclamando la reinstalación inmediata y el pago de indemnizaciones y prestaciones legales, afectando con su manifestación a todo el municipio, pues la ciudadanía requiere de trámites y servicios que no se pueden proporcionar por la toma de las instalaciones. Afectan, de igual forma, la prestación de servicios básicos a la población porque hay imposibilidad para pagar combustible, proveedores y para realizar los trámites administrativos necesarios para programas de apoyo a la población abierta.
Dado lo anterior, existe imposibilidad legal para atender los planteamientos de los manifestantes, por lo que se les hace un respetuoso llamado para que entreguen las instalaciones del gobierno municipal y esperemos a que el juicio promovido por ellos se resuelva en definitiva y para que no se contamine con visiones políticas lo que es un asunto jurídico pendiente de resolución definitiva.
