MAZAPIL, ZAC.- Los verdaderos violentadores del Estado de Derecho en Zacatecas son el gobierno del estado y la transnacional Gold Corp, quienes no han sido capaces de dar respuesta puntual a los compromisos planteados del 2006 al 2009 y que durante todo ese tiempo han agotado los mantos freáticos, los pozos y los manantiales de Cedros, en una clara violación al derecho a la vida y en general los derechos humanos de los habitantes de Mazapil, afirmó Felipe Pinedo, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).
Luego del desalojo de que fueron objeto transportistas y ejidatarios esta mañana en las inmediaciones de la Minera Peñasquito por parte de un considerable convoy de fuerzas estatales, Felipe Pinedo afirmó que la empresa viola el Estado de Derecho cuando con sus acciones industriales han obligado al destierro de cientos de pobladores; cuando destruyen caminos que conectan a las comunidades, como el caso del de Cedros-Mesas.
El Estado de Derecho se violenta desde el momento en que se desestima a los trabajadores locales porque, según la empresa, no son aptos ni física ni intelectualmente para desarrollar tareas en el complejo minero, subrayó.
Afirmó Felipe Pinedo que desde el primero minuto de la toma de las instalaciones hace más de una semana, se pidió el diálogo con los directivos de Gold Corp; sin embargo, lamentó que “el diálogo se haya condicionado por parte de la empresa; que se haya pedido un diálogo de ‘miedo’ fuera de toda razón y más lamentable, acusando a los líderes de secuestro, extorsión y hasta delincuencia organizada”.
A nombre del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) Felipe Pinedo exigió a Gold Corp que respondan a los verdaderos problemas de la región.
Dijo que los ejidatarios del FCAM no son los responsables de las torpezas de los directivos cuando el día de ayer anunciaron el cierre paulatino de las operaciones en Peñasquito, lo que ocasionó su caída en la Bolsa de Valores de Toronto hasta en un 5.4 por ciento y hoy luego del desalojo se mantiene en un Cinco por ciento, lo que les ha ocasionado pérdidas millonarias, pero porque no tuvieron la capacidad de dialogar y resolver el conflicto.
Refirió que con el argumento de ingresar alimentos y medicinas, mandan reprimir desde las Cuatro horas de este martes a los manifestantes con 300 efectivos de las corporaciones estatales y no fue sino hasta las nueve de la mañana que se posesionaron las la entrada principal al complejo minero.
Aseguró Felipe Pinedo que han fracasado con este intento porque no han recuperado la totalidad de la minera y sus actividades siguen colapsadas y paralizadas, aunados a que su caída en la Bolsa de Valores no pone en peligro sólo a Peñasquito sino a todo el corporativo.
Alejandro Tello se estrena con su verdadera cara represora
Felipe Pinedo responsabilizó a partir de ahora al gobernador Alejandro Tello y sus fuerzas de seguridad de cualquier hecho de violencia que se pueda suscitar en el complejo minero, “pues a unos días de haber tomado posesión como gobernador, nos muestra su verdadera cara represora que seguramente será el reflejo de sus cinco años de gobierno”.
Lamentó que el gobernador difame públicamente y sin argumentos claros a un grupo de manifestantes que lo que piden es justicia y cumplimiento de acuerdos por parte de la transnacional suscritos desde el pasado 15 de enero de 2015 en la Secretaría de Gobernación, y hoy en complicidad con la transnacional se niegan a atender la realidad del conflicto.
“Minera no ha cumplido acuerdos desde el 2006, por eso los ejidatarios se mantienen en lucha”: José Narro
Por su parte, José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), consideró que las tierras, el ejido y el agua no pertenecen a las transnacionales ni al gobierno, sino a los ejidatarios, por eso éstos se mantienen en la lucha por salvaguardar su territorio. Dijo que el convenio por el uso temporal no les quita el derecho de dominar sus propios recursos naturales.
“La gente sigue ahí porque la minera no ha cumplido más que un solo acuerdo de los 19 suscritos desde hace algunos años; los demás acuerdos y compromisos hasta ahora son letra muerta”, afirmó.
Sostuvo que la orden de desalojo de esta mañana sólo se suscribió y erróneamente excedidos con el mandato judicial con el sindicato de transportistas, no de los ejidatarios, y no es un asunto de liderazgos sino de los derechos que tienen los ejidatarios de salvaguardar su territorio.
Afirmó que quien está amenazando y amedrentando es el gobierno del estado, quien sólo actúa en favor de una parte y, utilizando todo su poder de las corporaciones, mientras desatiende la verdadera inseguridad que priva en todo el territorio estatal.
Mencionó que el gobierno debe de tener claro que ni él ni la policía estatal ni ministerial deben estar al servicio de una empresa extranjera, sino que deben estar al servicio de los zacatecanos.
“Por nuestra parte, somos luchadores sociales que siempre hemos demandado transparencia en las instituciones del país y de Zacatecas; no tenemos conflictos más allá de nuestra legítima lucha y luchamos por el derecho a los recursos públicos; hemos apostado por la revisión de cuentas y en nuestra organización con constante auditorías, por eso tenemos la confianza de muchas instituciones para seguir accediendo a los recursos para beneficio de los zacatecanos, a diferencia del gobierno del estado y funcionarios de éste y gobiernos anteriores que no han tenido la confianza ciudadana”, resaltó finalmente José Narro.
