El Gobernador Alejandro Tello Cristerna envió a la Legislatura del Estado diversas modificaciones legales que contemplan la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y un reordenamiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para pasar de un modelo centralista a uno de especialidades.
El mandatario estatal ofreció una conferencia de prensa para desglosar lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, que tiene como propósito construir un estado transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía.
«Esto tiene como objetivo restablecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades; es de todos sabido que hoy requerimos darle certeza a la gente de que su gobierno trabaja bien, de manera transparente y que cualquier persona pueda conocer lo que se está haciendo», expuso el mandatario.
Tello Cristerna señaló que este Sistema Estatal Anticorrupción y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública se dan en cumplimiento con los compromisos que realizó en su campaña por la gubernatura del estado.
En este encuentro con los medios de comunicación, el Gobernador estuvo acompañado por el Procurador General de Justicia en el Estado, Francisco Murillo Ruiseco; la Secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y el Coordinador General Jurídico Jehú Salas Dávila, quien describió las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, desde el pasado jueves, a la Legislatura.
En ese sentido, Jehú Salas Dávila detalló que el Sistema Estatal Anticorrupción tendrá como objetivo coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Dicho Sistema estará integrado por un comité coordinador y por un comité de participación ciudadana, que garantiza la inclusión de todos los sectores de la sociedad.
El comité coordinado estará integrado por la Auditoría Estatal del Estado; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un representante del Comité de Participación Ciudadana.
El Coordinador General Jurídico explicó las modificaciones que plantea el Sistema Estatal Anticorrupción en las tareas realizadas por distintas dependencias, tal es el caso de la Auditoría Superior del Estado, a la que se propone eliminar los principios de anualidad y posteridad con lo que ésta podrá revisar los ejercicios fiscales en curso.
Asimismo, dado que actualmente se contempla un solo informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública, la propuesta contempla tres informes que, además, habrán de ser públicos.
La Secretaría de la Función Pública será el órgano de control del Ejecutivo y su titular será nombrado por el Gobernador y habrá de ser ratificado por mayoría de los miembros presentes de la Legislatura. Ésta contará con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.
Jehú Salas Dávila informó que los demás entes públicos estatales y municipales contarán también con órganos internos de control, los cuales tendrán facultades similares a las de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia; éstos deberán ser nombrados por la Legislatura del Estado.
Se propone la creación de una Fiscalía General de Justicia del Estado, dotada de plena autonomía, cuyo titular durará en su cargo siete años y será designado por un mecanismo de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular será designado directamente por el Fiscal General y únicamente podrá ser objetado por mayoría calificada de los miembros presentes de la Legislatura.
El Coordinador General Jurídico señaló que en esta reforma se propone que el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado pase a ser un Tribunal autónomo, cuyo nombre cambiará a Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, y que será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares vinculados.
Se propone la creación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, autónomo, que será encargado de dirimir las controversias de los trabajadores al servicio del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados, estatales, municipales e intermunicipales con los órganos y dependencias de ambos niveles de gobierno, derivados de las relaciones de trabajo.
Respecto a la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, se propone que sea a la par que lo hagan las leyes reglamentarias que deberán ser emitidas o armonizadas, para tal efecto, fijando un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para que se materialicen.
En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ésta será la dependencia especializada en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas, planes y programas que tengan como fin armonizar el ordenamiento territorial que permita al estado proporcionar los servicios públicos de manera eficiente, además de generar una mayor calidad de vida de las personas de las ciudades y de las zonas rurales.
Esta Secretaría agrupará las atribuciones que le permitan ejecutar de manera coordinada los planes, programas y acciones con miras al desarrollo humano, por lo que se reorganiza en función de hacer más eficiente la gestión pública en la material.
La Unidad de Planeación se transformará en la Coordinación Estatal de Planeación, misma que ejercerá atribuciones, de forma general, en cuanto a validación y evaluación de las políticas públicas, planes, programas, obras y acciones que ejecute la Administración Pública Estatal.
La Dirección de Transporte Público, Tránsito y Vialidad se descompone en dos áreas sustantivas; la primera se refiere al Transporte Público, misma que será ejercida desde una Subsecretaría, dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno del Estado y se especializará en atender a los transportistas, los trámites que deriven de las concesiones y la ejecución de los planes y programas para el mejoramiento del servicio; la segunda se refiere a Tránsito y Seguridad Vial, que seguirá siendo atendida desde la Secretaría de Seguridad Pública.
Finalmente, la Subsecretaría de la Juventud y la de Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, se transformarán en organismos públicos descentralizados, cada uno especializado en su área y con plena autonomía de gestión.
