La dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) ratifica que todas las acciones llevadas por esta organización en todo el país para manifestarse en contra del llamado gasolinazo impuesto por el Gobierno Federal son totalmente pacíficas.
En este sentido, la CNPA hace un llamado a la ciudadanía a movilizarse y protestar pacíficamente y de forma organizada para garantizar la integridad de las personas y la propiedad de todos, toda vez que la batalla que enfrentamos es una lucha justa contra a una política depredadora del Gobierno Federal.
Por lo anterior, la CNPA repudia los actos de violencia y vandalismo ocurridos en diferentes puntos del país, principalmente en el Estado de México, los cuales son contrarios a la demanda ciudadana que busca el bienestar general.
Sin embargo, para la organización campesina, resultan preocupantes los indicios de presencia de provocadores e infiltrados en movimientos de protesta legítimos en todo el país, los cuales, pareciera buscan brindar los elementos para justificar la intervención de las fuerzas policiacas y militares y con ello inhibir la participación ciudadana en acciones de protesta genuina.
Por lo anterior, la dirigencia de la CNPA, hace un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a dar garantías a los ciudadanos para manifestarse, además de exigir a las corporaciones policiales estatales y a la Policía Federal, que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario de la fuerza pública, privilegiando el diálogo al tiempo que velen por la seguridad de las personas en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.
Asimismo, para la CNPA es vital que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos estatales instruyan al personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas, y que, conforme a sus atribuciones, emitan medidas precautorias a fin de que las autoridades garanticen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas.
