La Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades que pudieran ser determinantes para cancelar 29 concesiones entregadas por la administración pasada, esto como resultado de la revisión ordenada por el Gobernador Alejandro Tello a las 387 concesiones del transporte público.
Así lo informó Paula Rey Ortiz Medina, titular de la dependencia, en conferencia de prensa junto con Fabiola Torres, secretaria General de Gobierno; Jehú Salas, Coordinador General Jurídico y Miguel Rivera Villa, director de Transporte, Tránsito y Vialidad.
Paula Rey Ortiz Medina precisó que entre las irregularidades encontradas están que algunas fueron otorgadas a servidores públicos, otras no han entrado en operación dentro del plazo establecido por la Ley y algunas más se entregaron a familiares de servidores públicos.
Añadió que la SFP también encontró que en el proceso de entrega de concesiones no se realizó el estudio socioeconómico que marcaba la Ley; se incumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria; no fue documentado el proceso de notificación a cada uno de los participantes si se le otorga y no, ni se explicó por qué y tampoco se documentó el fallo del proceso para otorgar las concesiones.
«De los 387 expedientes que se revisaron, en 29 fueron encontradas las irregularidades o fallas que pueden ser determinantes para su posible cancelación», dijo Paula Rey Ortiz Medina.
Notificarán procedimiento de cancelación
Jehú Salas, coordinador General Jurídico, dio a conocer que partir del lunes 16 de enero se notificará a los 29 concesionarios del transporte público que resultaron con las irregularidades determinantes y se iniciará el proceso para su posible revocación o extinción, garantizando en todo momento el derecho de audiencia a cada uno de los involucrados.
«A todos los involucrados se les debe notificar y llamar a un procedimiento individual porque, más allá de las irregularidades que haya tenido el procedimiento en la entrega de concesiones, el concesionario tiene un derecho adquirido que le fue entregado y como autoridad, tenemos que darles garantía de audiencia y defensa para que puedan aportar los elementos de prueba que consideren convenientes», afirmó Jehú Salas.
Detalló que hay tres figuras jurídicas para retirar las concesiones: una es la revocación, otra es la extinción y la nulidad; cada una de ellas tiene sus causales muy específicas en la ley pero todas deben ser mediante un procedimiento.
«La cancelación de las concesiones será determinada una vez que concluyan los 29 procedimientos individuales que habrán de notificare e iniciarse, derivado de la revisión que realizó la Secretaría de la Función Pública», señaló.
El Coordinador General Jurídico manifestó que será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que determine la legalidad definitiva del procedimiento y de cada una de las faces que desarrolló la administración anterior de entrega de concesiones del transporte.
De igual manera, recordó que también existe un juicio de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, producto de una denuncia presentada por otros interesados.
