En conferencia de prensa, la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en voz de José Narro Céspedes, llamó a las organizaciones campesinas a movilizarse los días 6, 7 y 8 de marzo en la capital del país. Lo anterior debido a que el gobierno federal “brilló por su incumplimiento en torno a los acuerdos con las organizaciones por los enormes problemas de corrupción presentes en la administración pública federal” a pesar de que el propio Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa se comprometió a resolver los acuerdos no cumplidos del año pasado, esto por órdenes del presidente de la república. Lo cual hasta el momento no han sido realidad.
El mal papel de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) durante el sexenio ha dejado al sector ante una alta vulnerabilidad sobre todo a los pequeños productores, favoreciendo a organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC), “quien ha secuestrado los programas de la Secretaría sin que el titular haga nada”. Tal es el caso de Chiapas con el programa de PIMAF (Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol) 2016, donde dicha organización acaparó al menos 200 de los 500 millones de pesos asignados cada año a la entidad dejando al menos 100 mil productores sin atender.
Otras de las anomalías es el favoritismo a los proveedores, toda vez que “pareciera que son programas para que hagan negocio los funcionarios y los proveedores a cuenta de los productores”.
Narro enfatizó que tanto la Sagarpa a nivel central como las delegaciones y funcionarios en turno impongan a proveedores sin que los productores tengan libre elección y, por lo tanto, reciban insumos o equipos de mala calidad.
Debido a lo anterior, el dirigente precisó que “el papel de los funcionarios es la correcta aplicación de los recursos a quien está dirigido, no al beneficio propio o de unos cuantos. Sólo en Chiapas se detectaron padrones de PIMAF a beneficiarios que no existen y un enorme problema de corrupción en el estado y en todo el país. en el cual están involucrados Senadores y Diputados como es el caso del Senador Roberto Albores del y del Diputado Julián Nazar, ambos del PRI, quienes obtuvieron cada uno entre setenta y ochenta mil hectáreas de PIMAF con padrones falsificados.
El PIMAF se ha convertido en un negocio redondo para los funcionarios debido a que ellos mismos forman parte de las empresas proveedoras del componente como el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnologías Agrícolas Sustentables Agrícolas de Querétaro, de la cual, el hijo del responsable del programa es miembro.
El componente “El campo en nuestras manos” también forma parte de este paquete de programas afectados por la corrupción de funcionarios de la Sagarpa y de organizaciones al servicio del Estado. El incentivo que busca apoyar a mujeres en todo el país es dirigido en los estados y a nivel central por mujeres de la CNC. Se trata, afirmó el dirigente de la CNPA, de un programa clientelar y prácticamente preelectoral a la elección del 2018.
El problema no solamente es la corrupción, sino no hacer nada contra ella, que la toleren, que la permitan; al final de cuentas la impunidad es el paso que sigue. No hay acciones por parte de la Secretaría para detener o revertir estos lamentables indicadores de corrupción aseveró el dirigente nacional.
Por los motivos anteriores, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala convoca a participar del 6 al 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer, a movilizarse a nivel nacional contra la corrupción, la impunidad y los privilegios, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 2016 y planteando los cambios que debe de tener la Secretaría a favor del campo. Vamos a movilizarnos por el “honor a la palabra” que este gobierno no ha sabido honrar ni darle su valor al incumplir en los acuerdos establecidos. Así mismo anunció la convocatoria a un gran paro nacional en fecha posterior al próximo 10 de abril para exigir el cumplimiento de acuerdos en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.
Por otra parte, manifestó que para la CNPA los Secretarios de Estado y de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, quienes se encuentran en el país para reunirse con representantes del gobierno y con el propio presidente de la República, “no son bienvenidos en México, así como los migrantes mexicanos no son bienvenidos en Estados Unidos; no se les debe de dar trato de jefes de Estado”. Lo anterior en respuesta al trato dado a los migrantes mexicanos “víctimas del abuso, de la arbitrariedad, del insulto y de la agresión de parte del gobierno norteamericano”.
La CNPA planteó la necesidad de organizar un encuentro de migrantes en los Estados Unidos programado para mayo del presente año y otro más en México donde concurran organizaciones campesinas del país y de toda Latinoamérica. Se tiene contemplado incluso llegar a la sede de la ONU exigir el cese de acciones racistas y discriminatorias hacia los migrantes mexicanos. Al respecto Carlos Ramos manifestó “México debería emplazar ante la ONU y llamar a la solidaridad de América Latina porque es una ofensa para la humanidad, no para México nada más”.
