La dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), considera como un pequeño avance la contención del llamado gasolinazo hasta el 17 de febrero, toda vez que la organización campesina continuará con la lucha para evitar la liberación de los precios de los energéticos y para que se eche atrás el primer gasolinazo.
Por ello, la CNPA llama al Gobierno Federal a no tratar de disfrazar la realidad cuando afirman que «Las medidas de austeridad ya anunciadas, así como la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas, han creado las condiciones para mantener sin cambios los precios máximos durante el periodo señalado».
En este sentido la Coordinadora solicita a la SHCP, brinde informe preciso de los porcentajes de la reducción en los salarios de altos funcionarios; de la suspensión de la bolsa de apoyo legislativo de los 500 diputados y los 128 senadores; la suspensión de los ofensivos salarios y prerrogativas de los expresidentes; de la reducción en las prerrogativas a los partidos políticos; de disminución de gastos de representación de la alta burocracia y demás gastos superfluos como celulares, gasolinas, choferes y escoltas entre otros.
La dirigencia de la organización agraria, está segura que los rubros enunciados no son parte de las “medidas de austeridad” que alevosamente anuncia el gobierno; pues la austeridad anunciada se traducirá en nuevos recortes sobre programas sociales, lo cual se puede ejemplificar con la SAGARPA, donde se quieren recortar alrededor de 4 mil millones de pesos. Es claro que la austeridad que anuncia el gobierno significa desempleo, pobreza y marginación.
Para la CNPA es evidente que el Gobierno Federal tomó una decisión política de mantener los precios sin cambio durante dos semanas, después de las acciones de resistencia de diversos sectores de la población para exigir el alto a los aumentos a los combustibles, luego de un incremento de hasta 22% del 1 de enero que generó protestas en todas las regiones del país.
Lo cual se demuestra con el hecho de que el proceso para liberar los precios de la gasolina y diésel continúa, toda vez que se publica este viernes en el Diario Oficial de la Federación, el anunció de Hacienda donde se reducirá la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para los importadores de combustible, para “compensar la volatilidad en el tipo de cambio y en los precios internacionales del petróleo”, dos de los principales factores que determinan, a partir de la liberalización del mercado, los costos al consumidor de las gasolinas y el diésel.
El Gobierno Federal decidió otorgar estímulos fiscales a los importadores de gasolina y diésel, por hasta 41 por ciento de la cuota del IEPS en el caso de la gasolina Magna; de 4.31 por ciento en la Premium; y de 33.85 por ciento en el diésel.
La disminución de cuotas se traduce en un estímulo fiscal de 1.77 pesos por litro en el caso de la gasolina Magna; 0.15 pesos en la Magna; y 1.6 pesos por litro en el diésel, de acuerdo con el decreto de Hacienda en el Diario Oficial. Este decreto tiene vigencia hasta el 11 de febrero.
Sin embargo, el estímulo ofrecido a los importadores, afirma la dirigencia de CNPA, no repercutirá en un descenso de los precios de los combustibles, pues los productos liberados al mercado nunca han bajado sus precios.
La CNPA argumenta lo anterior al recordar que el dólar ha pasado de 12.9755 pesos en enero de 2010 a 22.03 pesos en enero de 2017. De la misma forma el precio de la tortilla se incrementó más de 400% en promedio durante los últimos diez años, mientras el ingreso familiar, respecto al salario mínimo, disminuyó en un 30%.
La suspensión del anuncio del aumento de los combustibles por dos semanas, a decir de la CNPA, tiene la intención de ganar tiempo y bajar la presión social que llevó a millones de mexicanos a las calles para protestar y llevar al Presidente Enrique Peña Nieto a los niveles más bajos de aceptación en la historia.
Finalmente, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, manifestó que continuará dando la lucha, de la mano de millones de mexicanos, para defender la soberanía alimentaria y energética, las cuales, el Gobierno Federal ha vulnerado para enriquecer a una pequeña casta, en detrimento de millones de mexicanos sumidos en la más ofensiva de la pobreza.
