El Gobernador Alejandro Tello Cristerna instaló una mesa de diálogo con la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, con la finalidad de revisar la política integral de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.
«De mi parte van a encontrar voluntad total. No soy un hombre de conflictos ni de confrontas, estoy aquí para escucharlas y buscar soluciones en conjunto», dijo el mandatario a las presentes, a quienes invitó a sumarse a las futuras mesas de análisis para trabajar en conjunto.
El Gobernador mostró su disposición para solicitar a la Secretaria General de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, reabrir la investigación sobre el presunto encubrimiento de un funcionario de Gobierno que entorpeció las labores del Centro de Justicia para las Mujeres, denunciado, en su momento, por la ex directora de este organismo.
«Voy a poner todo de mi parte para que no exista impunidad en casos de agresiones contra las mujeres», detalló al Colectivo, además de asegurarles que las acciones que se realicen en conjunto serán sin intereses políticos ni de ningún otro orden.
«La vida de una mujer vale mucho más que un interés político de cualquiera de nosotros. Hoy no represento ningún partido. Hay que trabajar por las mujeres, por las niñas, porque si nos movemos por cualquier otro interés, se estaría perdiendo el origen», aseveró.
SEMUJER REALIZARÁ UNA REVISIÓN INTEGRAL A LAS POLÍTICAS PARA PREVENIR Y ATENDER CASOS DE AGRESIONES CONTRA MUJERES
Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), informó que en diciembre habrá un primer diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres; posteriormente, vendrán estudios sociológicos y antropológicos, que ayudarán a desarrollar programas de acción focalizados a las particularidades de cada región del estado.
«Somos sensibles y conscientes de que la violencia de género cobra la vida de siete mujeres al día, en México. Además, saben que este fenómeno es multifactorial y se tiene que intervenir desde todas las instancias, pero también con la corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil», explicó.
Sin embargo, desde el 30 de noviembre se analizará el presupuesto de 2018 que ejercerá cada dependencia estatal para implementar acciones encaminadas a la reducción de la brecha de la desigualdad y atención a la violencia contra las mujeres.
Lo anterior tomará como referencia los datos que arroje el Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres, que ya cuenta con los catálogos de agosto, septiembre y octubre, y, además, se abrirá a la información pública en el transcurso de este mes.
El Banco es alimentado por todas las instancias encargadas de atender la violencia contra las mujeres, incluidas las instancias municipales de las mujeres.
La red de datos se divide en siete indicadores, que incluyen información demográfica sobre la víctima, el agresor, en qué municipio ocurrió el caso y qué dependencia recopiló la información.
«Sabemos que es muy importante para elaborar una política pública, un plan o programa específicamente dirigido a prevenir o atender la violencia en contra de las mujeres, un diagnóstico específico. Estamos trabajando en ello», aseveró.
Rivero Garza adelantó que continúan las gestiones ante el Conavim para iniciar la construcción de un segundo Centro de Justicia para las Mujeres, que tendrá como sede Fresnillo; así como la instalación en Guadalupe de una Casa de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, donde se les empoderará y dará autonomía económica a quienes acudan.
Entre los puntos que se desarrollarán en las próximas mesas de diálogo figura la creación de una contraloría ciudadana para observar el diseño e implementación de las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas.
Asimismo, se dialogará sobre el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres, contratando más personal que labore bajo el modelo de perspectiva de género; investigación a cabalidad de los feminicidios ocurridos en el estado; y desarrollar una campaña de concientización sobre la prevención de la violencia en contra de mujeres.
El Colectivo, además, propuso formular una iniciativa de ley para la modificación del tipo penal de hostigamiento sexual, en la cual el delito se consumará sin que exista una relación de supra subordinación de por medio, y la tipificación del acoso sexual en espacios públicos.
Finalmente, el Gobernador Alejandro Tello mostró su voluntad de continuar laborando en conjunto con la Unidad de Colectivos en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas, para garantizar una mejor calidad de vida a las zacatecanas.
«Véanme como un aliado, no como un político más, dándoles un discurso y tratando de evadirlo. Reconozco las culpas, responsabilidades en lo que a mí compete y buscaré las soluciones», concluyó el mandatario.
