El diputado Arturo López de Lara sometió a la consideración de la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Movilidad para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, la cual tiene por objeto establecer las bases, lineamientos y directrices para planificar, ordenar, regular, administrar, gestionar y supervisar la movilidad de las personas y garantizar el desarrollo sostenible del transporte público en el Estado de Zacatecas.
Sentencia el legislador en la exposición de motivos, que el proyecto de Ley de Movilidad para el Estado, busca resolver el problema de carácter urgente que aqueja al transporte público zacatecano, pero al mismo tiempo interconectar en el sistema jurídico local el derecho a la movilidad con el derecho a la ciudad y otros derechos relacionados.
En el proyecto de Ley se define que Movilidad consiste en la circulación de personas en un espacio geográfico determinado que son necesarias para asegurar la subsistencia de cualquier comunidad humana moderna, sin sacrificar valores humanos o ecológicos. También se establece que este derecho humano implica que los gobiernos estatal y municipales deben realizar acciones en conjunto para garantizar su cumplimiento.
Se establece la obligatoriedad de que el Gobernador del Estado emita un Programa Estatal de Movilidad, el cual se trata de un instrumento de planeación por medio del cual el Poder Ejecutivo establece los objetivos, metas y acciones a seguir en materia de movilidad, que deberán implementarse para el periodo que corresponda a la administración estatal que lo emita. Este programa se trata del documento eje sobre el que habrán de sujetarse todas las estrategias y acciones al respecto, de forma articulada, coordinada, estableciendo calendarios y los presupuestos necesarios para su ejecución.
Se propone un Consejo Estatal de Movilidad como un órgano interinstitucional con facultades de gestión, consulta, opinión y actuación entre las autoridades en materia de movilidad. Este Consejo se ha de integrar por dependencias y entidades gubernamentales, la sociedad civil organizada y los colegios de profesionistas. Se propone también un Observatorio Ciudadano de Movilidad como un órgano de opinión y consulta con funciones deliberativas y propositivas donde participen los sectores privado, académico y social.
