La diputada Lorena Oropeza Muñoz presento un punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno y a funcionarios públicos, a no usar programas sociales, padrones de beneficiarios, recursos materiales y humanos con fines electorales; se pide al es al gobierno del estado, secretaría de la Función Pública y FEPADE, a blindar el proceso electoral.
El punto, considerado asunto de urgente y obvia resolución, se aprobó por unanimidad de los 19 diputados presentes en la sesión; al hablar en lo particular el diputado Luis Medina Lizalde dijo que es un punto trascendente, y felicitó la diputada Lorena Oropeza por el punto de acuerdo presentado
Lorena Oropeza expuso que la imparcialidad es uno de los principios constitucionales y debe ser una forma de conducta de todo servidor público, y eso implica abstenerse de influir durante los procesos comiciales a favor o en contra de candidato, partido o coalición.
Precisó que ese principio constitucional se encuentra en los Artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estipulan usar los recursos públicos de los programas sociales sean sin fines partidistas e imparciales.
Pero manifiesta la obligatoriedad de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, materiales y humanos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Consecuente, deberán abstenerse del uso de servicios, programas, padrones de beneficiarios, bienes; en general, recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión tengan a disposición los servidores públicos, para influir en la contienda; así como acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos, por lo menos durante la jornada laboral teniendo en todo momento la obligación de que en ejercicio del encargo se deberá mostrar una conducta imparcial.
Pero a pesar de las prohibiciones legales, la experiencia de otros procesos electorales indica que no ha sido suficiente el compromiso de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para garantizar la imparcialidad en las elecciones, y se presentan presentan actividades discrecionales durante las jornadas trabajo, con recursos materiales y humanos a fin de favorecer al partido en turno.
Luego vienen cientos de denuncias por la comisión de distintos delitos electorales, los cuales van desde el condicionamiento de la entrega de apoyos, coaccionar al personal para que realice redes a favor de algún candidato u obligarlos a participar dentro de los eventos o actividades de campaña.
Pidió que se asuma un compromiso real con los valores democráticos de la equidad e imparcialidad, y cumplir el propósito de fortalecer una vida democrática y la legitimidad de los gobiernos, y se debe garantizar a la ciudadanía el respeto a su voto, generado las condiciones necesarias para que todos los contendientes participen en igualdad de condiciones, y sea la voluntad de la sociedad la que determine los resultados electorales.
