El candidato al Senado de la República, José Narro Céspedes calificó de albazo la firma de Decretos por parte del presidente Enrique Peña Nieto para modificar el estatuto de vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación, firmados mientras el país concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial.
Así, el aspirante a ocupar una curul senatorial, rechaza el levantamiento de vedas en 300 cuencas hídricas del país, pues “la firma de Peña Nieto de los decretos para autorizar la privatización del 55% del agua superficial mexicana, es inmoral y tiene objetivo de beneficiar grandes intereses privados y megaproyectos”.
Los decretos abren la puerta para que el líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos.
Así, para Narro Céspedes, los Decretos de Reserva quitan las vedas para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condicion para entrar en el TLCAN, lo cual desconoce la multitud de formas de tenencia del agua y pertenencia al agua-territorio existentes en el país.
Además, los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo.
La redacción dice: “Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente …”. En este momento, hay 50 mil concesiones “caducadas” en el país–principalmente de ejidos, comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse.
Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios.
En casi todo el país, las fuentes históricas del agua de los pueblos indígenas han sido registradas en nombre de los municipios o de las comisiones estatales.
Narro informó que los decretos firmados por Peña Nieto no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al 4o artículo el 8 febrero 2012, tendrá que estar en el centro de cualquier política hídrica y asignan volúmenes para el “uso público urbano” como si este uso fuera equivalente al derecho humano al agua. Sin embargo, el “uso público urbano” incluye a CUALQUIER uso al cual un organismo estatal o municipal quisiera concesionar o contratar sus aguas.
“En todo el país vemos que estos organismos priorizan a las embotelladoras (caso de la Cervecera Corona en Zacatecas), las industrias y hasta la minería o el fracking, dejando a las zonas populares a la deriva de las pipas y el tandeo”.
De hecho, continuó, los decretos destinan grandes asignaciones para “uso público urbano” a los gobiernos estatales, con vigencia a 50 años –cada decreto especifica los estados que deben solicitar estos volúmenes, sentando las bases para la privatización vía trasvases y la concesión de servicios de agua y saneamiento. Esto obedece al nuevo papel que se está dando a los gobernadores en la gestión del agua. La asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo nuestras aguas nacionales en “aguas estatales”.
Dicho acto presidencial, a decir del líder campesino, viola el derecho humano al agua, toda vez que afectan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Por ello, el también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), llamará a una verdadera participación ciudadana y de los pueblos para la defensa del vital líquido y que se reconozca, en primer lugar, los derechos de los pueblos indígenas, las necesidades de la población y servicios públicos, así como de los productores sociales para la soberanía alimentaria.
Narro Céspedes hizo un llamado a la población para utilizar la valiosa herramienta “que tiene en sus manos, su voto, para sacar del gobierno a los corruptos que están entregando el agua del pueblo a quienes han envenenado el agua, la tierra y el aire con el único fin de llevarse la riqueza nacional”.
