A 24 de julio del 2018 en Zacatecas, Zacatecas
Al Gobernador del estado de Zacatecas,
Al Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas,
Al Fiscal General de Justicia de Zacatecas
A la Opinión Pública,
P R E S E N T E
Hay que tener mucho coraje para ser mujer y niña, de nada valen los espacios abiertos para nosotras en el discurso, si la realidad de impunidad e indiferencia nos omite, nos niega, nos violenta, nos desaparece o nos asesina. La Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres repudiamos el feminicidio de San Juana Romo de 9 años de edad, zacatecana, desaparecida el viernes 20 de julio del 2018 en la colonia Gavilanes, su cuerpo fue encontrado el lunes 23 de julio, en un lote baldío en privada Villa de las Flores, en Guadalupe, con síntomas de violencia sexual y tortura. Nos solidarizamos con su familia y exigimos justicia.
Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en presunción de feminicidios por cada 100 mil mujeres, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Exponemos nuestra preocupación por el bienestar de todas las zacatecanas, y le preguntamos al Gobernador, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General del Estado, ¿qué pasará con nuestra seguridad? Que se entienda que esta manifestación de descontento, indignación y miedo, parte de la poca eficiencia que el gobierno ha demostrado tener en la procuración de justicia para las mujeres y niñas en Zacatecas: en los 7 meses que han transcurrido del 2018 ya se rebasó el número de feminicidios cometidos en todo el 2017.
La minimización de la pandemia de feminicidios remite a una estrategia por parte de Gobierno del Estado para eludir su responsabilidad como encargado de la seguridad de la ciudadanía y la procuración de justicia, esto debe denunciarse. La impunidad social e impunidad de estado son elementos que constituyen la violencia feminicida, que contribuyen a la normalización de la violencia contra las mujeres y niñas. Los feminicidios continuarán mientras no se diagnostique el problema con seriedad, no se diseñe una política pública integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas y no asignen presupuestos suficientes.
En octubre de 2017 la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres tuvo una reunión con el Gobernador del Estado Alejandro Tello donde mirándonos a los ojos se comprometió a tomar medidas eficaces para defender la seguridad de todas las zacatecanas. De esa promesa no queda nada, sólo acciones aisladas como paliativos ante una realidad en la que la selectividad de la justicia sigue estando presente, lo cual se ve reflejado en el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres que está rebasado en su capacidad de atención y que funciona sin respetar más el modelo de atención bajo el que fue creado. Las promesas del gobernador se quedaron en un millón de pesos como presupuesto para el Programa de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres, lo cual es una burla.
Exigimos, bajo este clima de violencia y miedo, respuestas por parte del gobierno del Estado de Zacatecas, exigimos acciones inmediatas y un gramo de humildad por parte del gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y Fiscal para reconocer que nos han fallado y asumir un verdadero compromiso con las zacatecanas. Exigimos justicia, seguridad y libertad como lo consagran los estándares internacionales en derechos humanos y nuestra Constitución.
Ciudadano Gobernador, Alejandro Tello Cristerna, a nueve meses de haber dado nuestro voto de confianza al sentarnos a la mesa con usted, las organizaciones que conformamos la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres VOLVEMOS a exigirle cumpla de manera CONTUNDENTE e INMEDIATA los siguientes puntos:
- Cite de inmediato a una consulta ciudadana como base para diseñar una política integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
- Haga un diagnóstico sobre las causas de la violencia contra las mujeres, desde ciencias críticas como la sociología y antropología que fundamenten una política integral.
- Considere en su presupuesto de egresos 2019 un 5% como mínimo para financiar una política integral que combata este flagelo social.
- Diseñe una política integral contra la violencia que pueda ser implementada a más tardar en noviembre del 2018.
- Deje de ver un proceso burocrático y político como la alerta de violencia de género, como la panacea a la violencia contra las mujeres e implemente medidas realmente emergentes y eficaces para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y niñas.
Nos piden que como ciudadanía trabajemos con ustedes, pero hasta el momento no hemos visto un verdadero esfuerzo de su parte por erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas, no hemos observado una preocupación genuina, que vaya más allá de cumplir con ciertos lineamientos dictados por la federación desde el escritorio: no son más que paliativos y simulación. Se omiten los diagnósticos serios que nos lleven a la búsqueda de causas adyacentes y problemas estructurales que originan este tipo de prácticas violentas contra las niñas las mujeres. Los discursos han sido rebasados, decimos no a la demagogia y exigimos presupuestos para erradicar este problema social. Exhortamos a las autoridades a ser consecuentes con los compromisos que entablaron con la ciudadanía desde el momento en que buscaron y aceptaron algún cargo público. ¡Si no pueden, que se vayan!
A T E N T A M E N T E
Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres
