Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo que después de 36 años de aplicarse un modelo económico neoliberal éste llega a su fin el primero de diciembre al asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador por lo que de él se espera una política social que frene la desigualdad entre la población rural y promueva la productividad alimentaria.
Está demostrado que si el Estado no interviene y amortigua las acciones monopólicas y de competencia desleal de los empresarios que se enriquecen a costa de los más necesitados, no hay sistema económico social que lo soporte.
Entrevistado sobre la aplicación del modelo económico neoliberal en el país, el dirigente de ALCANO, señaló que a 36 años de distancia el saldo es de pocos empresarios con grandes fortunas y millones de mexicanos en pobreza extrema.
Todavía en su reciente informe de gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto sostiene que su la política de apoyo a estos empresarios y a la clase política fu la correcta aun cuando el voto en el pasado proceso electoral le demostró el enojo de la población así como el rechazo al sistema económico.
Igualmente en su discurso del campo ganador benefició a unos cuantos empresarios y no reconoce la marginación que propició con sus políticas públicas hacia los indígenas, campesinos y pequeños propietarios que producen los alimentos básicos que el país demanda.
Por ello, si el Estado no ejerce acción rectora de la economía que sirva de amortiguador para estimular un desarrollo equitativo y armónico, no es culpa del sistema sino del Ejecutivo Federal por la polarización, pobreza y extrema riqueza en México.
Argumentó Raúl Pérez Bedolla, que de hecho en México al igual que en varios países latinoamericanos, desde finales de la década de los 90´s se impulsaron políticas públicas encaminadas al desarrollo rural sustentable y la reducción de la pobreza en el medio rural.
Pese a dichos esfuerzos, el campo mexicano continúa estancado, con bajas tasas de productividad y bajos niveles en la calidad de vida de sus habitantes, situación que se refleja en el incremento de la pobreza.
Por lo que falta una política pública de desarrollo del campo consistente con los objetivos plasmados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la cual no se ha podido instrumentar a partir del Programa Especial Concurrente debido a que este programa transversal presenta debilidades como el que lo integren demasiados programas y unidades responsables, que tienen sus propios objetivos, beneficiarios y reglas, lo que provoca que en algunos casos se dupliquen esfuerzos e incluso se contrapongan objetivos, concluyó.
