Los integrantes del XCIII Pleno del Consejo Nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, advirtieron que el crecimiento percápita en México para 2018 será del orden del 1.1 por ciento muy por debajo del crecimiento de la economía nacional que se estima se ubique en 2.36%, lo que deja en claro que la población rural y especialmente los jóvenes campesinos estarán condenados a trabajar en la agricultura y sin aspiraciones a ocupar un puesto directivo.
Como trabajadores en actividades agrícolas los jóvenes tienen un 26.9% de oportunidades; como trabajadores en actividades elementales y de apoyo un 25.8%; trabajador artesanal un 13.5%; comerciante o empleado en ventas y agente de ventas un 10.1%; profesionista o técnico un 6.5%; y funcionario, director o jefe un 2.7%.
Encabezados por Federico Ovalle Vaquera, líder nacional de CIOAC, señalaron que en 2001 en México se promulgó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), ordenamiento que dio origen a la implantación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), se instrumentaron programas y políticas de fomento al campo pero a la fecha los resultados no se han reflejado en un incremento de la productividad y desarrollo del sector agropecuario ni de la población rural.
Por ello, los dirigentes estatales de la CIOAC coincidieron en que el campo mexicano, a pesar de la política pública instrumentada desde 2003 basada en el desarrollo del sector agropecuario a través del PEC, “continúa estancado, con bajas tasas de productividad y reducidos niveles en la calidad de vida de sus habitantes, situación que se refleja en el mantenimiento de la pobreza”.
En el marco del Pleno del XCIII Consejo Nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, indicaron que lo anterior se refleja en que la pobreza alimentaria en la población se ubica en 20.6%, mientras que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar es de 53.2%.
En opinión del Secretario General de la CIOAC, Federico Ovalle Vaquera, si se busca cambio, la legislación relacionada con el campo debe ser reformada así como la visión de desarrollo económico porque ésta sólo ha beneficiado a un 5 por ciento de los mexicanos quienes exportan su producción.
Mencionó que de acuerdo con un estudio de la FAO y Sagarpa, el campo mexicano enfrenta bajos niveles de capitalización de sus unidades económicas rurales (UER), problema que afecta al 29.6 por ciento de las 5.4 millones de UER del país, las cuales no cuentan con activos productivos y que corresponden principalmente a los estratos E1 y E29, relacionados con actividades agropecuarias de subsistencia.
Tal carencia afecta de manera directa la productividad de las UER, ocasionando con ello un bajo crecimiento del sector primario, y dando como resultado una insuficiente producción de alimentos para la población en el país.
“México tiene un sector agropecuario con productividad muy baja respecto del nivel general de desarrollo del país, lo cual incide en la marginalidad y la pobreza en el medio rural. El efecto del PEC sobre las condiciones sociales de la población campesina e indígena ha sido apenas marginal”
En conclusión vemos cómo la política de desarrollo no es social ni integral en México por lo que necesitamos un planteamiento que ayude a preservar recursos naturales como el agua, el ecosistema y, sobre todo, elevar el bienestar de la población rural, expresó el dirigente de la CIOAC ante el pleno de dirigentes nacionales.
Por otra parte, el dirigente de la CIOAC, comentó a propósito del nuevo gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre que encabezará el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acerca de su discurso que no quiere nada con las organizaciones sociales “sea el gobierno del signo que sea las organizaciones deben ser autónomas y CIOAC no permitirá intromisiones”.
En ese sentido, expuso que México vive crisis cultural de partidos políticos, donde los institutos se compran y se venden; las franquicias se venden en los mercados tanto los de izquierda y como los de derecha.
De ahí que actualmente los partidos políticos solo cuenten con 17.8% de credibilidad de la opinión pública, mientras que el gobierno federal 25.5%, en tanto los legisladores, diputados y senadores 20.6%, muy por debajo de los policías que cuentan con la aprobación del 30.2% de la población.
