Para dialogar en torno a las directrices que sentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el despido laboral injustificado de una mujer que fue diagnosticada con cáncer; se reunieron el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Poder Judicial del Estado, Miguel Ángel Zamudio Cortés y la Docente Investigadora, Jenny González Arenas, a fin de analizar y debatir desde las perspectivas académicas y prácticas del Derecho.
Lo anterior en los tradicionales martes de Derechos Humanos de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas “Ministro Roque Estrada Reynoso” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante el mes de noviembre aborda la temática de Derechos de las personas con discapacidad; reuniendo a especialistas, académicos y personal del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
El juez Miguel Ángel Zamudio inició su dialéctica, dejando claro que la discriminación corresponde a un grupo de barreras sociales que impiden a las personas el pleno ejercicio de sus derechos humanos; y al referirse a personas con alguna discapacidad; ya sea física, sensorial, intelectual o psíquica, señaló que éstas gozan de los mismos derechos que cualquier otro ser humano, sin embargo, en ocasiones se requiere de alguna ayuda extra para poder garantizar que ejerzan, gocen y defiendan sus derechos.
Estas ayudas, señaló, corresponden a la denominación de “acciones afirmativas” que tienen como objetivo primordial generar un cambio en la percepción social, a fin de que se propicie un entorno de inclusión en la vida pública, como un procedimiento que erradique las ideas de desigualdad entre seres humanos.
Refirió que en su calidad de juzgador, analizar el tema de una mujer que fue diagnosticada con cáncer y despedida de su trabajo, es un asunto que sentó algunas directrices, no solo para los tribunales colegiados, sino que es una resolución que ha servido como ejemplo para todos los juzgadores como motivación reforzada, es decir, esto sugiere identificar las situaciones sospechosas de discriminación, al no ignorar ningún argumento, luego de ello, hay que revisar las categorías sospechosas en el Artículo Primero Constitucional y generar una base conceptual, donde se constate si existe un indicio razonado de limitación de algún ente para ejercer sus derechos.
Dijo estar cierto que estas acciones generan una mayor carga laboral para los juzgadores, pero deben ser asumidas con compromiso y responsabilidad para privilegiar que el respeto a los derechos humanos se garantice en todo momento.
“La inclusión está en nosotros, mucho de ello depende de nuestra actitud al evitar conductas que propicien la discriminación y esto, debe ser una reflexión diaria sobre nuestro desenvolvimiento diario, ya sea en la familia, como en el ámbito laboral y social”, finalizó Miguel Ángel Zamudio.
