Raúl Pérez Bedolla, Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste alertó sobre la urgencia de garantizar la aplicación del nuevo salario mínimo fronterizo, de 176.72 pesos, a los jornaleros agrícolas que laboran en todas las entidades federativas que contratan jornales para la producción de alimentos como son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, entre otros.
Recordó que lo anterior implicaría también, en esta Nueva Política Salarial, reinsertar el rubro de jornalero agrícola en el tabulador de salarios mínimos profesionales de la aún existente CONASAMI.
Asimismo, en entrevista de medios, el líder de ALCANO y miembro del Congreso Agrario Permanente, enfatizó en que si bien los salarios mínimos presentan innovación de ingreso promedio, el medio rural reclama un desarrollo productivo que le permita al pequeño y mediano agricultor tener un ingreso similar por su trabajo en la generación de alimentos básicos ya que muchas veces estos sobreviven con menos de un dólar al día.
Recalcó el dirigente de ALCANO que el SMG cubre solamente el 89% de la Línea de Bienestar Personal fijada por la CONEVAL. Además en 1999 ya había perdido el salario mínimo general el 75% de su valor, estancándose entre $73 y $77 pesos hasta el 2014.
Pérez Bedolla, en ese orden de ideas, analizó la propuesta de presupuesto para el Programa Especial Concurrente 2019 que se encuentra incluido y a discusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación por lo que hizo un llamado al Poder Legislativo a realizar un análisis real del campo mexicano para aumentar entre un 5 y un 8 por ciento a los poco más de 50 mil millones de pesos que se asignarán a SADER con el propósito de garantizar la producción de grano y no el impulso de la “economía de la beca” a través de los programas asistenciales.
Desde su perspectiva, es momento de que las organizaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente se reúnan con el titular de la SADER, Víctor Villalobos, para que explique a detalle la desaparición de diversos programas como Apoyos a la Comercialización PROAGRO Productivo, Programa de Fomento Ganadero, Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, Ecoturismo y Turismo Rural, Programa de Empleo Temporal (PET) y Seguro Médico Siglo XXI, mismos que se verán reflejados, con otro nombre y aplicaciones en los programas de Precios de Garantía.
Lo anterior, explicó, con el fin de eliminar la incertidumbre que prevalece entre los productores y las organizaciones campesinas en torno al cómo operarán los nuevos programas que, a decir de la Administración Federal, llegarán directo al agricultor.
Se debe considerar, dijo, varias aristas: desde el trámite para acceder, los tiempos de entrega y que éstos no se ubiquen fuera de temporada de siembra y cosecha, hasta evitar actos de corrupción, robo de los recursos por parte del crimen organizado hasta la eliminación de los intermediaros o coyotes.
Raúl Pérez Bedolla, consideró que aún es buen tiempo para el diálogo, para conocer los nuevos padrones de los programas de SADER así como para reforzarlos e incluir nuevas estrategias derivadas de las opiniones de las organizaciones campesinas.
Y es que desde la visión de ALCANO, como organización impulsora de productores de granos básicos en el noroeste del país, se mantiene la duda en el formato de apoyo el pago de precios de garantía para 2019, fechas de entregas, respuestas en caso de sequías o heladas, es decir contingencias climáticas.
Por todo ello, Raúl Pérez Bedolla insistió en conminar a las autoridades tomadoras de decisiones de política pública en el medio rural a exponer las acciones a seguir porque el mayor riesgo para el país sería impulsar programas asistenciales que son “la economía de la beca, la cual lleva al conformismo y no permite el desarrollo del campesino y de nulificarían 30 años de esfuerzos para tratar de ser competencia en el mercado internacional con acuerdos comerciales como es el T-MEC”.
