El Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, afirmó que la próxima cosecha otoño-invierno 2018-2019 de trigo y maíz que se llevará a cabo en marzo y abril será la “prueba de fuego” de la política agroalimentaria del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto debido a que se iniciará el pago de cosechas con precios de garantía para estos dos granos. Para maíz 5 mil 610 pesos la tonelada, hasta 20 toneladas, a productores de hasta 5 hectáreas y trigo 5 mil 790 pesos la tonelada, hasta 100 toneladas por productor.
Sin embargo, hasta hoy los instrumentos de política, en general, no han sido efectivos en fomentar significativamente la producción de productos básicos, por lo que se ha tenido que recurrir crecientemente a las importaciones para satisfacer la demanda interna.
En 2017 para el consumo nacional se importó aproximadamente el 87 por ciento del arroz, el 12 por ciento en el caso del frijol, 37 por ciento del maíz, 62 por ciento del trigo y 20 por ciento de la leche de bovino, por lo que uno de los objetivos del programa de precios de garantía es fomentar la autosuficiencia alimentaria.
No obstante, precisó el dirigente de ALCANO en entrevista, la propuesta de precios de garantía puede contribuir a generar incrementos en la producción de productos básicos, aunque por ahora no es factible dimensionar la magnitud de ese impacto y sus efectos en una reducción de la importación de productos básicos para la dieta alimenticia de nuestra población.
Aclaró Raúl Pérez Bedolla, que los pequeños agricultores de maíz y trigo aún con precios de garantía se encuentran en desventaja pues se les limita el volumen de producción que les comprará SEGALMEX, además los precios internacionales de maíz y trigo en la Bolsa de Chicago influyen en la comercialización de estos granos si se considera que habrá productores que produzcan más de las 20 toneladas de maíz que le comprará el organismo gubernamental Seguridad Alimentaria Mexicana y comercializarán su grano directamente con los industriales quienes compran por debajo de los precios internacionales.
Otra desventaja que enfrentan los pequeños productores son los apoyos que recibían con PROCAMPO equivalentes a 100 dólares por hectárea lo que permitía competir con los agricultores de Estados Unidos por ser socios comerciales en el tratado comercial.
A eso hay que agregar que la Financiera Nacional y Agroasemex registran una disminución importante en sus presupuestos lo que limita el apoyo financiero a los agricultores mexicanos.
Cabe señalar que los Estados Unidos, nuestro socio en el TLCAN, destina gran cantidad de recursos a su sector agroalimentario, a través de instrumentos de política que incluyen los precios administrados, similares a los precios de garantía. Sin embargo, la producción de alimentos es visto como un tema de seguridad nacional, por lo que se puede justificar canalizar apoyos presupuestales hacia el sector agropecuario.
Raúl Pérez Bedolla, dijo que la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en la producción de maíz fue menor en 1.8 por ciento, de 1994 a 2017. La superficie sembrada cayó de 9.2 millones a 7.5 millones de hectáreas; sin embargo, la producción se incrementó de 18.2 millones a 27.8 millones de toneladas, debido principalmente a que los rendimientos pasaron de 2.2 a 3.8 toneladas por hectárea.
Para el trigo la producción se elevó a una TMCA de 5.2 por ciento de 1980 a 1989, mientras que la superficie sembrada pasó de 776 mil a 1.2 millones de hectáreas. Pero la tasa de crecimiento fue negativa en 0.8 por ciento, de 1989 a 2017, ya que la producción cayó de 4.4 millones a 3.5 millones de toneladas, y la superficie sembrada se redujo de 1.2 millones a 662 mil hectáreas de 1989 a 2017.
Advirtió finalmente el dirigente de ALCANO que en ciertos periodos pasados los precios de garantía sí contribuyeron a incrementar la producción de alimentos básicos; sin embargo, años después, la oferta nacional no fue suficiente para cubrir la demanda y se recurrió a las importaciones
