Ciudad de México. – El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, pide al Congreso de Baja California respetar la voluntad de los ciudadanos que eligieron al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años y no publicar la reforma constitucional aprobada el pasado 8 de julio.
A nombre de las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra León Gastélum y los senadores Joel Padilla Peña y Miguel A. Lucero Olivas, la legisladora por Puebla, Nancy de la Sierra Arámburo aseguró que es abusivo hacer uso del cargo de legislador para tomar decisiones a modo en beneficio de unos cuantos.
Llamó a las autoridades estatales a respetar la voluntad de los bajacalifornianos que votaron de manera libre e informada por un candidato para el periodo de 2019-2021.
Recordó que el domingo 2 de junio de 2019 los ciudadanos de Baja California eligieron al nuevo gobernador de su estado, resultando ganador Jaime Bonilla.
Sin embargo, dijo, “atendiendo a intereses particulares, 21 diputados del Congreso Local de Baja California aprobaron el pasado 8 de julio una reforma constitucional que amplía de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo”.
Lo anterior, subrayó, atenta contra la voluntad ciudadana y contra la decisión libre y democrática tomada en las urnas por los bajacalifornianos y debilita la confianza ciudadana en sus legisladores.
“¿Qué confianza y certeza pueden tener los ciudadanos en los legisladores? ¿Cómo sabrán que las legislaturas no cambiarán las reglas del juego a su conveniencia, ignorando por completo la voluntad del electorado?”.
Y destacó que el argumento de la ampliación permitirá al nuevo gobernador desarrollar proyectos de largo alcance y atender problemas acuciantes de la sociedad como la seguridad pública no es suficiente para justificar el “albazo”.
Por el contrario, dijo, la acción sólo atiende intereses particulares y pone en riesgo la estabilidad social y la credibilidad de las instituciones.
Nancy de la Sierra resaltó que el Grupo Parlamentario del PT se opone a que se siente un precedente jurídico y político que vulnere la democracia y el Estado de Derecho en México.
