Los coordinadores de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo García, se pronunciaron en contra de la “Ley Garrote” y su masificación por todo el país por lo que anunció que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presente la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, indicaron, porque “dicha Ley avanza hacia un estado dictatorial y fascista que criminalizará la lucha y la protesta social, lo advertimos señalando la militarización del país a través de la Guardia Nacional, hoy es más evidente y claro, “no hay peor ciego que el que no quiera ver”.
Luego de denunciar que ya se trabaja en la “Ley Garrote” en los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y México con miras a detener cualquier inconformidad relacionada con los proyectos presidenciales de Dos Bocas, el Corredor Transísmico y el Tren Maya, anunciaron el arribo de tres Caravanas Campesinas e Indígenas hacia la Ciudad de México a partir de este 3 de agosto así como su participación en la movilización campesinas del próximo 8 de agosto que se tiene contemplada del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución o Zócalo Capitalino.
Alberto Galindo García y Jesús Gutiérrez Valencia, exigimos al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a que reconsidere su actitud confrontativa con toda oposición y particularmente con el sector organizado del medio rural.
Lo exhortaron a hacer “un acto de humildad y nobleza y establezca un proceso de diálogo respetuoso para abordar de manera conjunta los temas de conflictividad y productividad del campo. Será una buena señal y mostrará voluntad política si interviene moralmente para que sea derogada la Ley garrote”.
De hecho, aseguraron que a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República puede interponer el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señalaron que de acuerdo a al maestro Cesar Augusto Sandino Rivero Espinoza, que la Ley Garrote implica que, si un conjunto de manifestantes que se movilizan para impedir que se construya un megaproyecto de infraestructura que afectará su derecho al medio ambiente sano; o a la consulta previa, libre e informada, se les iniciará un proceso penal y se les condena a la máxima pena, 19 años 6 meses de prisión; en contraste, con una persona que cometa homicidio y se le condena a la máxima pena que es de 20 años de prisión en dicho estado… así de irracional y desproporcionada es la Ley garrote aprobada…”
Por lo anterior, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) condena la postura y actitud confrontativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra toda oposición política o de opinión a su gobierno, específicamente, contra las organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país, faltando de esta manera a su compromiso de respetar el disenso político.
Y es que ha llegado al extremo de “autonombrarse” el jurado calificador para determinar qué movimiento social y causa es justa y cuál no, olvida que durante su época de oposición sus adversarios políticos lo denostaban y descalificaban diciendo que “era un líder sin causa”, hoy hace exactamente lo mismo y peor, viniendo de alguien contra quién en su momento se usó el aparato del Estado para deslegitimarlo.
No conforme con tratar de deslegitimar en este caso al movimiento indígena, campesino y popular, impulsó (aunque formalmente se diga que fue el gobernador de Tabasco y el congreso de dicho estado) la denominada “Ley garrote” que ahora defiende con tanto ahínco.
El expresidente Díaz Ordaz seguramente jamás imaginó que después de su barbarie cometida el 2 de octubre de 1968 le harían un monumento y homenaje como el que hoy le hace el gobierno de Tabasco, el gobierno encabezado por AMLO y MORENA aprobando una ley retrograda y violadora de los derechos humanos y libertades más fundamentales.
La situación económica de nuestro país requiere de la participación y contribución de todos para salir adelante ya que es alarmante que en el trimestre abril – junio el sector primario (agropecuario y pesca, principalmente) disminuyera 3.4%; el sector secundario (transformación) no tuvo variación y las terciarias (comercio y servicios) son las que mostraron crecimiento.
Lo anterior, es resultado de la aplicación de la política pública del gobierno federal, ya que ha priorizado una política con un enfoque principalmente asistencialista donde se promueve el consumo, el cual ha aumentado en 8.7% según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
En cambio, disminuyó el presupuesto para el campo en 22 mil millones de pesos, los programas relacionados con la producción tienen un severo subejercicio. La Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP) acaba de informar que hay un subejercicio global de 174 mil 484 millones de pesos que ilustra la ineficacia en la ejecución del presupuesto, a pesar de que el presidente diga lo contrario.
Esto se debe el desmantelamiento de las dependencias federales en materia de recursos humanos al despedir a miles de trabajadores que estaban en áreas técnicas significativas; a que la curva de aprendizaje de los funcionarios públicos ya se les alargó como lo señaló el propio senador por Morena Ricardo Monreal y al desconocimiento de programas, área geográfica e idiosincrasia de las comunidades de la gran mayoría de los llamados “Servidores de la Nación” que actúan más como golpeadores de AMLO a nivel de las comunidades llevando como consigna principal “el presidente no quiere nada con las organizaciones”
Ante la cerrazón del gobierno federal encabezado por AMLO, informamos que realizaremos una jornada nacional de movilización del 03 al 08 de agosto que incluye caravanas del sureste y centro del país hacia la Ciudad de México, marchas – mitines en diversos estados, asambleas informativas y una marcha nacional en la capital el 08 de agosto.
