Jackie Martínez Juárez, junto a las diputadas Adriana Dávila Fernández y Verónica Sobrado Rodríguez del Partido Acción Nacional, planteó expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, para sentar las bases del ordenamiento jurídico que se presenta en esta iniciativa se llevaron a cabo foros en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Durango, Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Morelos, ciudades importantes de la República Mexicana, con la finalidad de conocer la opinión, las investigaciones y el análisis que autoridades, legisladores, especialistas, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil tienen en materia de feminicidios, ya que cada entidad federativa tiene, cuando menos, una forma distinta de tipificar el feminicidio, por lo que no es posible acreditar este delito como tal y en más de una ocasión se reclasifica como homicidio.
La iniciativa considera que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres que conlleva la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público o privado, que se caracteriza por conductas misóginas que pueden culminar en feminicidio, es decir, en la privación de la vida.
El feminicidio es, por tanto, la forma extrema de violencia física, visible y evidente en el cuerpo sin vida de una mujer, ejercida contra las mujeres como forma de control, dominación o poder. La mayoría de los casos son precedidos por una historia de violencias (verbales y/o físicos) de todo tipo que, por desgracia, son ignorados por el Estado y la justicia.
Muchos años han tenido que pasar para visibilizar y definir este delito a nivel nacional, para ello lo primero es reconocer la violencia contra la mujer y considerar este delito como un problema exponencial en nuestro país, además subrayaron que tener una adecuada definición de los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, estados y municipios, coadyuvará en la prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio en México.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre de 2018, se contabilizaron 894 carpetas de investigación por feminicidios, y en lo que va de este 2019, son 294. A la luz de los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, no hay reducción en las cifras y hoy las mujeres de todos los rincones de este país, viven con más temor ante la constante amenaza de este delito.
Es oportuno recordar que, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio, en el cual se responsabilizó al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el caso del Campo Algodonero. Entre 1993 y 2012 fueron asesinadas más de 700 mujeres (jóvenes y niñas entre 15 y 25 años) ante la falta de acciones contundentes para inhibir los delitos de las autoridades local y federal.
Derivado de lo anterior, México se convirtió en el primer país que propuso la tipificación del delito de feminicidio y se incorporó al Código Penal Federal, en 2012, en su artículo 325, que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Adicional a ello, nuestro país ha destacado por el número de iniciativas presentadas en esta materia.
Sin embargo, lo que contemplan tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como el Código Penal, no ha sido suficiente y los delitos se han elevado de manera significativa, de ahí la urgencia de contar con un cuerpo jurídico articulado que castigue, tipifique y establezca la misma pena en todo el país, con sus agravantes, que sancione la obstaculización en la protección y acceso a la justicia en los casos de violencia feminicida o feminicidio y que, al mismo tiempo, evite más muertes de mujeres y brinde atención a las víctimas indirectas, es decir, a los deudos, afectados y ofendidos.
La iniciativa de Ley se mandó a las comisiones unidas de Justicia y de Igualdad de Género, para dictamen, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, este proceso legislativo demanda dejar de lado los colores partidistas y trabajar por justicia para todas las mujeres, en su derecho fundamental para vivir en libertad. Contar con una adecuada definición de los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, Estados y Municipios, coadyuvará en la prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio en México.
