La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizar la suficiencia presupuestal y la operatividad de los organismos de la administración pública federal que afianzan el derecho humano al medio ambiente saludable.
A través de un punto de acuerdo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar está consagrado en el Artículo 4 de la Constitución, “por lo que el Estado tiene la obligación de respetarlo, protegerlo, garantizarlo y promoverlo”.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con que el Estado mexicano garantice el derecho al medio ambiente sano, ya que su ejercicio pleno permite que la población alcance un nivel deseable de bienestar”, menciona.
Es necesario que las instituciones ambientales de nuestro país cuenten con los recursos necesarios para ejercer su función en favor del pueblo mexicano, asegura la senadora Geovanna Bañuelos.
En este sentido, la legisladora por Zacatecas destaca que el recorte de 75% para el pago de servicios básicos, materiales y suministros en el segundo semestre de 2020, afectará a las principales instituciones medioambientales.
De acuerdo a la Cuenta Pública 2019, este sector registró un recorte global de 7 mil 68 millones, es decir, 16.2%, respecto a lo gastado en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Tan sólo la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), sufrió un recorte de 206.9 millones de pesos al pasar de 269.4 a 62.4 millones en 2019, sin tomar en cuenta sus unidades, direcciones, subsecretarías y demás remanentes.
Mientras que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organismo dedicado a conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación; en 2019 tuvo una reducción de 461.5 millones de pesos.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), tuvo un recorte presupuestal de mil 278 millones de pesos en 2019, este organismo se encarga de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.
En el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECO), en 2019 el presupuesto ya había disminuido en 72.4 millones de pesos. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el recorte en 2019 fue de 38.5 millones de pesos.
“La Procuraduría General de Protección al Ambiente, cuya misión es procurar la justicia ambiental mediante la aplicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y transparente de la legislación ambiental federal vigente, sufrió en el año 2019 un recorte del gasto de 295.2 millones de pesos”, señala Geovanna Bañuelos.
