La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó, de manera urgente, al Poder Judicial y Fiscalía del Estado de Zacatecas a que no queden impunes los 54 asesinatos de mujeres, registrados durante el primer semestre del 2020 y se prevengan otros actos como éstos que han abundado durante el período de la pandemia.
En voz de la diputada petista Gabriela E. Pinedo Morales, presidenta de la permanente, también se pidió a la Fiscalía “que diseñe un instrumento marco de atención a la violencia de género acorde a la situación actual de violencia y aislamiento social por el que atraviesa la población de Zacatecas, considerando que la violencia doméstica y de género tiene particularidades nuevas ante las medidas sanitarias, donde víctimas y victimarios se ven obligados a permanecer juntos por más tiempo de lo habitual.”
El acuerdo, también firmado por los diputados morenistas Jesús Padilla y Héctor Menchaca precisa que “es urgente, que no pase inadvertida esta triste realidad para el titular del Ejecutivo del Estado, ni para los 58 Presidentes Municipales, y muchos menos, para la Fiscalía General de Justicia de la entidad y para el Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En este sentido, y apelando al pleno acceso del derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia, derivan una serie de obligaciones positivas a dichas instituciones consistentes en prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.”
También de forma urgente, y a propuesta de la diputada Pinedo y los diputados Padilla y Menchaca, la Asamblea Popular exhortó a la Secretaría del Campo del gobierno estatal, a que en el ámbito de sus atribuciones legales promueva la prohibición del uso del Glifosato en las actividades agrícolas y ganaderas del territorio del Estado de Zacatecas toda vez que está demostrado que es una de las causas de males cancerígenos en humanos, por lo que los países europeos y Norteamérica lo han excluido de su uso.
Los legisladores expusieron un decreto que reforma la Ley de Educación Estatal para agregar en el Artículo 8 que “al ser un derecho fundamental y humano de la primera infancia, que va desde el nacimiento y hasta los tres años de edad, las autoridades educativas federales, estatales y municipales, están obligadas a garantizar a los titulares de este derecho, la cobertura en todos los contexto, el acceso oportuno y la permanencia escolar, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación, por ser una etapa crucial para el desarrollo neuronal, físico, psicológico, psicomotriz y socioemocional de la primera infancia” e incluir en el Artículo 13 el “intangibilidad de la dignidad humana” que como mandato Constitucional para que las personas reciban protección a todos sus derechos y no sean tratadas como cosas.
