Ante el engaño y fraude que, por más de 7 años, han sufrido los ejidatarios de “El Orito”, ubicado al suroeste de la capital, por parte de la empresa “Energy Power Group” que instaló 93 aerogeneradores de energía eléctrica, en tierras comunales, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, presidida por la diputada petista Gabriela Pinedo Morales, intervendrá ante la SENER para que verifique el incumplimiento de contratos y de ser necesario, los cancele.
El punto de acuerdo leído por el diputado morenista Jesús Padilla, en coautoría con los legisladores Héctor Menchaca y Gaby Pinedo, argumenta que desde el 2013 existen irregularidades al convenio de arrendamiento ya que les prometieron a los campesinos que “se harían millonarios” pero en los hechos les pagan en promedio 1.7 dólares mensuales por cada una de las 450 hectáreas que representa unos 11 dólares por familia.
Lo peor de todo es que el contrato tiene vigencia por 30 años con una cláusula que prevé su renovación automática por otro período igual, sin que hasta hoy la autoridad federal de energía haya intervenido, por lo que, al sentirse indefensos, recurrieron a los diputados en mención.
Opacidad sobre los impuestos ecológicos
También los tres legisladores, en voz de Gaby Pinedo, presentaron la iniciativa para que la legislatura convoque al Secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro, para que informe sobre la cuantía recaudada por concepto de los denominados Impuestos Ecológicos, ya que la Ley de Ingresos aprobada para el 2020 estima un monto de Mil 230 millones de pesos y a la fecha no se conoce cuales empresas han cumplido con esta obligación.
Se recordó que la cantidad total se compone de 400 millones por el Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales, 130 millones por Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera, 500 mas por el Impuesto de la Emisión de Contaminantes al Suelo y, 200 por el Impuesto al Depósito o Almacenamiento de Residuos, mismos de los que se desconoce su ingreso y aplicación, en su caso.
Otra iniciativa presentada por los legisladores, en voz de Padilla, fue la adición al Artículo 91 del texto constitucional local para “contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, para lo cual, el Poder Judicial, el de Justicia Administrativa y el de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, implementen de forma progresiva el sistema de “justicia en línea”, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de tramitar los juicios, actos procesales y todas las promociones e instancias en línea, en los términos dispuestos en la ley.
Otra iniciativa con proyecto de decreto, autoría de los tres legisladores, es para facultar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios del Gobierno Federal, a “vigilar si las autorizaciones de importación de plaguicidas cumplen con la cantidad señalada en cada permiso y dar seguimiento al destino final en las entidades federativas y municipios” dado el daño que muchas de estas sustancias provocan a la salud humana y medio ambiente.
