Este viernes, ante la comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes, compareció la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Guadalupe López Marchant, quien hizo una primera intervención para exponer el trabajo de la dependencia que encabeza y posteriormente iniciaron las rondas de preguntas de las y los diputados.
En la primera ronda de cuestionamientos, la diputada Susana Rodríguez Márquez, al igual que el legislador Javier Calzada Vázquez, preguntaron cuáles son los avances respecto al proyecto de modernización del transporte público urbano.
Rodríguez Márquez requirió información sobre qué ha pasado con esta acción, si han seguido las gestiones para desarrollarla y si se ha consensuado con concesionarios y usuarios de este servicio; mientras tanto, Calzada Vázquez quiso conocer cuáles son los obstáculos que se están enfrentando para concretar el proyecto o si ya se abandonó.
La diputada Susana Rodríguez también preguntó cuánto se ha invertido en las obras del parque Arroyo de la Plata, cuáles han sido las intervenciones que se han realizado y por qué se han tardado tanto los trabajos, además de que buscó saber si hay procesos abiertos en materia de obra pública por incumplimientos de los contratos por parte de los contratistas.
Por su parte, el legislador Javier Calzada Vázquez también hizo otros cuestionamientos relacionados, por ejemplo, con el código urbano del estado y en particular si se ha cumplido con la disposición de instalar o cambiar los muebles de baño por sanitarios que tengan descargas de 4.8 litros o menos.
También sostuvo que, de acuerdo a la información dada por la funcionaria respecto al programa de calentadores solares, cada calentador solar entregado habría costado más de 7 mil pesos por lo que pidió explicaciones al considerar que es un monto muy elevado.
Por su parte la diputada Karla Valdez Espinoza preguntó cuántos contratos de obra se han asignado del 15 de septiembre de 2019 al mismo día de 2020, con qué municipios se han hecho convenios y a qué se han destinado estos recursos.
Igualmente, cuestionó cuál es el porcentaje de las empresas contratadas que son de origen zacatecano y cuántas están afiliadas a la CMIC; si hay procedimientos de rescisión de contratos por incumplimientos; y cuál es el papel asumido por la secretaría para intervenir en el hacinamiento que presentan los asentamientos de jornaleros agrícolas sobre todo en Fresnillo y Villa de Cos.
El diputado Pedro Martínez Flores hizo referencia a qué acciones se han tomado para garantizar un correcto crecimiento de las zonas urbanas del estado ante el aumento de la población y si han continuado realizando estudios de resiliencia.
También hizo hincapié en las colonias irregulares y, tras peguntar cuántas se tienen detectadas y en qué municipios están principalmente, le cuestionó a la secretaria qué mecanismos adicionales puede haber para otorgar la certeza jurídica de estas tierras a quienes habitan en estos terrenos.
Por otro lado, el legislador Omar Carrera Pérez preguntó cuáles han sido las afectaciones por la pandemia del Covid-19 en cuanto a la reducción de presupuesto y cómo se han hecho las reorientaciones del recurso de los convenios peso a peso con los municipios y si ha habido dificultades para firmarlos.
También quiso conocer cuál es el avance que ha tenido el programa que se anunció para la instalación de cámaras, botones de pánico y dispositivos GPS en las unidades del transporte público e igualmente preguntó qué se está haciendo para evitar las invasiones de terreno por parte de agrupaciones políticas y sociales; y cómo se blindarán los recursos y apoyos de la secretaría para evitar su uso electoral.
En una segunda ronda de preguntas, el diputado Héctor Menchaca Medrano requirió información sobre cuáles van a ser los ejes en los que se basará el presupuesto de la secretaría en 2021, teniendo en cuenta las carencias actuales de servicios básicos que tienen detectadas el Coneval y el agravamiento de estas condiciones a consecuencia de la pandemia.
Asimismo, le pidió retomar un proyecto del que hablaron el año pasado para construir un albergue de jornaleros en Río Florido y, en otro tema, recordó que ha presentado algunas reformas para conseguir que el acondicionamiento de áreas verdes en los nuevos fraccionamientos sea una obligación para los contratistas. Quiso conocer, por otro lado, cuál será el impacto que tendrá en Zacatecas la Ley de Movilidad que en días pasados se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La legisladora Alma Dávila Luévano hizo énfasis en la necesidad de trabajar en una reforma integral de la legislación en materia de ordenamiento territorial para solucionar el problema que hay en el estado de los fraccionamientos y asentamientos humanos que se encuentran en zonas de riesgo potencial por fenómenos meteorológicos.
En otro tema, preguntó si ya se ha concluido el estudio para el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la comunidad de Tacoaleche y, en ese caso, le solicitó poder concretar una reunión con los habitantes de la localidad para socializar los resultados.
La diputada Mónica Borrego Estrada abordó nuevamente el tema relacionado con la modernización del transporte público a través del proyecto del Platabús y preguntó cuánto dinero se ha invertido hasta ahora en la realización del anteproyecto y del proyecto, y cómo se está planeando su desarrollo en caso de que no logre concluirse en los meses que restan del presente quinquenio.
Por otro lado, cuestionó qué hace falta para poder apoyar a todas las familias que están viviendo en terrenos irregulares, la mayoría de ellas destacó que por engaños de quienes les vendieron o regalaron los lotes para sus viviendas, y también preguntó qué se puede hacer para castigar a los responsables de este delito.
A continuación, la legisladora María Edelmira Hernández Perea coincidió con la visión expresada en el cuarto informe de gobierno acerca de la necesidad de lograr un ordenamiento territorial que respete el medio ambiente y preguntó si para el año 2030 Zacatecas podrá tener ciudades realmente planificadas y amigables con el entorno.
Cuestionó cuál considera la secretaria que es la contribución mayor de este gobierno precisamente para que este escenario sea una realidad pues estimó que avanzar en ese rumbo es fundamental debido a que actualmente se están enfrentando los problemas que genera una mala planeación urbana como, por ejemplo, la falta de acceso a los servicios básicos.
Por último, el diputado Luis Esparza Olivares preguntó qué acciones ha tomado esta secretaría para continuar trabajando durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.
Además, pidió información sobre los beneficios que tendrá la construcción de las nuevas ciclovías en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe; y también acerca de los terrenos irregulares, concretamente, qué avances hay en la entrega de escrituras que den certeza jurídica sobre estas tierras a las familias que habitan en ellas.
En la tercera ronda de preguntas, la diputada Navidad Rayas Ochoa preguntó qué acciones de alto impacto se han llevado a cabo para mejorar las condiciones de vida y el entorno urbano de las zonas marginadas y la periferia que está en situación de riesgo.
Tras señalar, en otro tema, que no estuvo de acuerdo con los recortes presupuestales que se aplicaron este año, quiso saber cómo afectaron a la secretaría estas disminuciones.
También preguntó qué seguimiento se le ha dado al ejercicio de 29 millones de pesos del Fondo Metropolitano que tuvieron observaciones en la auditoría a la Cuenta Pública de 2018, si ya se concluyó su ejercicio o qué estatus guarda su aplicación, además de si hay abierto algún proceso de responsabilidades por incumplimientos o irregularidades.
Por su parte, el legislador José Dolores Hernández Escareño le reclamó el incumplimiento en la entrega de 100 tinacos que había prometido para los habitantes de los municipios que conforman el distrito del legislador. Señaló que como diputados están obligados a la gestión y desde la secretaría no se respetó el acuerdo que habían alcanzado.
Al igual que el diputado Javier Calzada, también cuestionó el elevado costo de los calentadores solares que adquirieron, de acuerdo a los propios datos oficiales, por más de 7 mil pesos cada uno cuando el costo al mayoreo de estos equipos es de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos.
El diputado Armando Perales Gándara preguntó cómo podría ayudarse a las personas que habitan en zonas marginadas de municipios que no han firmado con el gobierno estatal un convenio de concurrencia.
Dijo que los pobladores de estas áreas tienen necesidades de mejora en temas como los muebles de baño, los pisos, el aplanado y enjarre de paredes de adobe y la adquisición de tinacos; por lo que pidió alguna alternativa para atenderlos pese a que los municipios donde viven no forman parte del programa concurrente.
El diputado José María González Nava hizo hincapié en la necesidad de mover los indicadores que existen para medir la calidad de vida de los zacatecanos como son, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento combatidas con cuartos adicionales y el porcentaje de viviendas a las que les faltan pisos firmes, enjarres, techos y baños dignos, entre otros elementos.
Al respecto, preguntó qué políticas y estrategias se están implementando específicamente para abatir el rezago que hay en estas áreas y mejorar estos indicadores ya que del cambio en estos números dependerá la calificación final que obtenga el gobierno en esta materia.
Para concluir los cuestionamientos de los legisladores, el diputado José Guadalupe Correa Valdez preguntó qué seguimiento se le ha dado y si han tenido resultados los comités municipales de ordenamiento territorial y en otro tema pidió la opinión de la secretaria en torno a la presencia de las ladrilleras en las manchas urbanas.
Asimismo, después de hacer referencia a que una de las peticiones más comunes de los habitantes de los municipios cuando recorren sus distritos es la solicitud de viviendas, ahondó en el tema de cuántas casas hay en la entidad que no estén siendo ocupadas por sus propietarios o que hayan dejado de pagarse y, en ese caso, si hay procedimientos y cuántos para recuperar esas viviendas por parte del gobierno del estado para asignarlas a familias que sí las necesitan.
En su intervención inicial, la secretaria destacó algunas de las acciones que se han realizado desde esta dependencia en el último año como, por ejemplo, 676 acciones relacionadas con la construcción de vivienda social, cumpliendo con ello el 64 por ciento de la meta fijada para todo el quinquenio.
Asimismo, sostuvo que en mejoramiento de vivienda se han realizado 7 mil 539 acciones y, en este tema, lamentó la reducción que ha habido en los últimos años en su presupuesto, al pasar de 41 a 5.7 millones de pesos, por lo que hizo un llamado a considerar más recurso para este programa que atiende zonas del estado afectadas por emergencias y grupos vulnerables.
Por el contexto actual de la emergencia sanitaria, quiso hacer una reflexión al señalar que el problema del hacinamiento debe ser considerado como una cuestión de salud pública ya que el confinamiento, aunado a la falta de espacio en las viviendas, no sólo ha generado riesgo de contagios sino también un aumento preocupante de la violencia familiar.
