Cero Tolerancia al Acoso, Hostigamiento y violencia VS Mujeres.

En Zacatecas habrá cero tolerancia al acoso sexual, abuso y al hostigamiento contra las mujeres, asentó el Gobernador Alejandro Tello; quien cometa estos delitos, recibirá mano dura y las sanciones correspondientes.

 

Al presentar el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento, que ya fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el mandatario dejó en claro que, con esto, se da un importante paso para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres.

 

Subrayó la importancia de que, desde y al interior del Gobierno del Estado, se actúe con un mecanismo jurídico para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, que se ha incrementado durante el confinamiento por la pandemia, tanto en la entidad como en el país.

 

«En el Gobierno del Estado habrá cero tolerancia a cualquier forma de acoso. No más chistes de contenido sexual contra las mujeres, no más piropos ni comentarios sexuales sobre las trabajadoras, no más acercamientos excesivos o sin consentimiento, no más gestos ni miradas insinuantes», asentó.

 

Tampoco se tolerarán -añadió- el acoso con preguntas sobre su vida privada, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones mediante presiones, hacer presión tras rupturas sentimentales, abrazos, caricias no deseadas, tocamientos, acorralamientos, presiones de sexo a cambio de una mejora laboral, actos sexuales bajo presión de despido o asalto sexual.

 

Alejandro Tello subrayó que este Protocolo es producto de la aplicación del Modelo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Zacatecas, y se trabajó a través de los Comités para la Igualdad de las dependencias, con una visión de derechos humanos y perspectiva de género.

 

Con esta herramienta se definen los lineamientos y procedimientos para denunciar, investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual, bajo los principios de actuación y medidas que aseguren la no revictimización, protección, confidencialidad de las víctimas, así como las sanciones para los agresores.

 

El Protocolo sienta un precedente importante, explicó Alejandro Tello, ya que es el primer instrumento jurídico de su tipo en Zacatecas y tiene como objetivo establecer las pautas de actuación para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual, el abuso y el hostigamiento desde el Gobierno estatal y sus entidades.

 

Hizo el llamado respetuoso a que este Protocolo se ejerza en el ámbito municipal y los otros Poderes, «para que todos luchemos contra este tipo de conductas reprobables. Con esta acción, refrendo y cumplo mi compromiso de impulsar al interior del Gobierno de Zacatecas el ejercicio libre de violencia y con respeto a los derechos de las y los trabajadores», externó.

 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIONES

 

Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, explicó que este Protocolo es el resultado del trabajo en los Comités de Igualdad de las dependencias y entidades del Gobierno de Zacatecas, así como del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

 

Su establecimiento se realizó entre todas las dependencias, especialmente la Secretaría de las Mujeres (Semujer), la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General Jurídica, sumado a la voluntad política del Gobernador Alejandro Tello y al acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

 

Con este Protocolo, dijo, se da un paso sumamente importante para visibilizar las distintas formas de violencia que se cometen contra las mujeres, a entender que los golpes no son la única forma de agredir, sino que también las expresiones no verbales y físicas atentan contra su dignidad.

 

Bajo el precepto del respeto a la dignidad humana, expuso Gabriela Rodríguez, se tienen que enfocar los esfuerzos para que, desde las oficinas de Gobierno, se respeten, promuevan y garanticen los derechos humanos y se mantenga un ambiente laboral y una vida libre de violencia contra las mujeres.

 

Respaldado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este Protocolo determina que el acoso sexual y el hostigamiento se consideren como una falta, un delito y actitudes violatorias de los derechos humanos, que atentan contra la probidad laboral y ética que debe imperar en el servicio público.

 

Además de obligar a promover y difundir programas de capacitación y sensibilización, los órganos internos de control podrán recibir las denuncias, se encargarán de investigar y sancionar, en caso de acreditar la culpabilidad de acoso sexual y hostigamiento.

 

De acuerdo con la Secretaria de la Función Pública, se deberán ejercer los principios de actuación, como son la buena fe, la confidencialidad, el respeto a la dignidad humana, la debida diligencia, igualdad, no revictimización, perspectiva de género, acompañamiento, transparencia y protección de la víctima.

 

Al considerarse como faltas administrativas, las sanciones para quienes cometan acoso sexual, abusos y hostigamiento serán acreedores a amonestaciones (públicas o privadas), suspensión de funciones en sus áreas laborales, inhabilitación del servicio público, multas y/o prisión.

 

QUE LAS MUJERES SE SIENTAN SEGURAS

 

Jehú Salas Dávila, secretario general de Gobierno, dejó en claro que no deben normalizar más el acoso sexual y el hostigamiento en la función pública, ya que son recurrentes en todos los órdenes de las administraciones, y que merece especial atención ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en el país.

 

Con este acuerdo, el Protocolo obliga al Gobierno del Estado a instaurar esta figura legal para atender y visibilizar estas conductas, así como para que las mujeres se sientan seguras, que las trabajadoras o usuarias de los servicios públicos tengan las herramientas para denunciar a quienes violenten su dignidad con estas conductas.

 

Derivado del constante movimiento en las áreas de gobierno, con este Protocolo se busca eliminar esas prácticas, que ya no surjan daños en las mujeres y, sobre todo, que se sientan protegidas en su entorno laboral y que, ante sus denuncias, recibirán protección.

 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

 

Adriana Rivero Garza, titular de la Semujer, informó que este Protocolo se enmarca en la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, como un instrumento jurídico para definir los procedimientos y dependencias que atienden y sancionan el acoso sexual y el hostigamiento.

 

Producto de la política de igualdad y de atención que se implementó por el Gobierno de Alejandro Tello, todas las instituciones, públicas o privadas, tienen la obligación de erradicar las relaciones laborales que impactan de manera negativa en el ejercicio de los derechos humanos, específicamente de las mujeres.

 

Rivero Garza aseveró que la violencia familiar es la de mayor preocupación, pero también existe en el ámbito laboral, que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ENDIRE de 2016, se incrementó en 25 por ciento, superada por el acoso callejero, que tuvo 66 por ciento.

 

Desde 2018, mediante mesas de trabajo, se revisaron las conductas al interior de las instituciones y se registraron 19 casos de acoso sexual y nueve de hostigamiento, que están armonizados entre el Banco Estatal de Datos y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Con este Protocolo, añadió Adriana Rivero, en la administración pública estatal se avanza de manera importante en la atención y eliminación del acoso sexual y hostigamiento, por lo que también se debe extender a los órganos autónomos para terminar con cualquier tipo de violencia, que a diario cobra la vida de mujeres.

 

CÍRCULO VIRTUOSO CONTRA LA VIOLENCIA

 

El Coordinador General Jurídico, Federico Soto Acosta, destacó que este Protocolo establece un círculo virtuoso porque, a través de la prevención, atención y sanción, se promueve la erradicación de estas conductas en todas las dependencias y órganos del Gobierno del Estado.

 

Con él, se protege a las servidoras públicas, usuarias o beneficiarias de los servicios y se les garantiza el respeto a su dignidad, derechos humanos y a una vida libre de violencia, prácticas que serán vigiladas por los órganos internos de control y, especialmente, por la Secretarías de las Mujeres, para que los procedimientos sean transversales, con perspectiva de género.

 

También, hizo extensivo el exhorto a los distintos órdenes de Gobierno y al sector privado para que se erradiquen, en el ámbito de sus funciones, el acoso sexual, el hostigamiento y cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, que es una exigencia no solamente en el estado, sino en todo el país

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